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Cientos de pymes acreedoras de Noriega, pendientes de su viabilidad

diciembre 31st, 2010 — 9:16am

Representantes legales de cientos de empresas acreedoras de Noriega Edificación y Construcción se han unido para presentar sus deudas conjuntamente. De esta manera aspiran a jugar un papel destacado en la gestión del concurso de la compañía. Pero, advierten expertos en derecho concursal consultados, solo si la empresa tiene intención real de mantener la actividad y eludir la liquidación será efectiva esa unión.

El objetivo de los acreedores de Noriega Edificación es lograr que al menos el 51% del crédito ordinario que mantiene Noriega con estos -que asciende a 105 millones de euros- quede representada por un mismo bufete de abogados.

Noriega Edificación y Construcción es una de las cinco sociedades en concurso controladas por la familia Sánchez-Ramade, con una deuda superior a los 100 millones.

La empresa de Sánchez-Ramade con más deuda es la inmobiliaria, Noriega SL. En total las cinco sociedades del grupo cordobés en concurso deben más de 1.000 millones de euros. Las otras tres empresas de Sánchez-Ramade en concurso son Noriega de Arrendamientos, Colombinas de Arrendamientos Urbanos y Andaluza de Gestión de Arrendamientos. El pasado 22 de noviembre fue publicado en el BOE la entrada en concurso voluntario de empresas del grupo Noriega, uno de los mayores habidos nunca en Andalucía.

La empresa con mayor número de afectados es precisamente la filial de construcción, aproximadamente 900. Entre los acreedores se encuentran empresas que trabajaban para Sánchez-Ramade, particulares que adquirieron una de sus viviendas o comunidades de vecinos.

“Si los propietarios de la compañía tratan de mantener la viabilidad y negociar un convenio de acreedores, entonces esa unión de las empresas y particulares acreedores de Noriega Edificación tendrá fuerza en las conversaciones”, señalan los expertos consultados. “Pero si el objetivo real es la liquidación, como ocurre en la mayoría de los concursos de acreedores”, advierten, “esa unión no habrá servido para fortalecer las reclamaciones de deuda”.

Convenio de acreedores

Fuentes cercanas a los abogados de los acreedores de la compañía recuerdan que antes de entrar en concurso Noriega Edificación y Obra Civil negoció un convenio anticipado de acreedores. En esas negociaciones la empresa propuso el pago del 55% de las deudas al contado tras firmar con la banca venta de activos. Los acreedores solicitaron el pago del 65% de la deuda al contado tras acordar con la banca la venta de activos.

Las mismas fuentes consultadas explican que la unión de los acreedores servirá, “en un momento dado”, para instar a la administración concursal de la compañía a tomar medidas como la revisión de los acuerdos de refinanciación firmados por la empresa en los dos años anteriores a su entrada en concurso, así como la revisión de los préstamos cruzados entre participadas de sociedades de Sánchez-Ramade.

Eugenio Sánchez-Ramade Villegas, fallecido en 2005, creó en los años cincuenta del pasado siglo el grupo actual con sede en Córdoba. La familia Sánchez-Ramade controla sus sociedades a través de Compañía Meridional de Inversiones. El grupo Sánchez-Ramade está integrado por las divisiones de promoción y de construcción (Noriega SL y Noriega Edificación y Obra Civil); de distribución (Urende); automoción (Sánchez-Ramade Automoción); tecnología (Diasa y Diasoft); ocio y espectáculos (Cinesur); agrícola (Doña Sol) y financiero.

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Los impagados de Noriega se personan en el concurso de forma conjunta

diciembre 30th, 2010 — 9:14am

Los empresarios agrupados en la Plataforma de Impagados de Noriega se han personado de forma conjunta, ante el Juzgado de Primera Instancia número nueve y Mercantil de Córdoba, en el marco del concurso de acreedores que afecta a cinco sociedades del Grupo Sánchez-Ramade, sumando casi la mitad de la deuda ordinaria total.

Según dijeron a Europa Press fuentes de la plataforma, esta personación y comunicación conjunta de créditos (deudas) a través de un único representante legal, es el resultado final del llamamiento hecho durante el último mes a las cerca de 1.000 empresas, en su mayoría andaluzas, pero también del resto de España, a las que dichas sociedades deben más de 100 millones de euros, para que optaran, como han hecho buena parte de ellas, por “la adhesión a la representación conjunta” a través de un único despacho de abogados, ya que, “para tener la fuerza necesaria en el procedimiento concursal” se precisa “la adhesión a esta representación conjunta del 51 por ciento del crédito”. El objetivo es poder negociar en bloque el convenio que puede derivarse el proceso concursal iniciado.

Fueron más de 200 empresarios de Córdoba, Málaga, Cádiz, Jaén, Huelva y Madrid, entre otras provincias, integrantes de la Plataforma de Impagados de Noriega, los que acordaron en una asamblea celebrada en Córdoba actuar en el concurso de acreedores de forma conjunta, como el mayor acreedor, promoviendo incluso la vía penal.

Según se estableció, ésta es la clave para que el titular del Juzgado de lo Mercantil de Córdoba que ha declarado el concurso les tenga en cuenta en las decisiones que adopte. No obstante, para ello, han de sumar, al menos, el 51 por ciento de la deuda ordinaria que las sociedades constructoras e inmobiliarias de Sánchez-Ramade han acumulado y no pagado, que puede ascender a unos 105 millones de euros y que se reparten unas 950 empresas.

PLAZOS DEL CONCURSO

De momento y cuando suman casi el 51 por ciento de la deuda, los empresarios de la plataforma han cumplido con el primer requisito legal preceptivo presentando, en este caso de forma conjunta, la comunicación de créditos en el juzgado, dentro del plazo de un mes desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el pasado 22 de noviembre, de los autos por los que el juzgado cordobés acordó la declaración de concurso de acreedores para cinco sociedades constructoras e inmobiliarias del Grupo Sánchez-Ramade.

En concreto, los concursos afectan a las sociedades Noriega Edificación y Obra Civil S.L., Noriega S.L., Noriega de Arrendamientos S.L., Andaluza de Gestión de Arrendamientos S.L. y Colombina de Arrendamientos Urbanos S.L.

Una vez finalizado el plazo para realizar las comunicaciones de los créditos, se abre un periodo de dos meses, que puede prorrogarse por un mes más, para la emisión del informe correspondiente de la administración concursal. Teniendo luego ocasión los personados en el procedimiento concursal diez días hábiles, a contar desde la notificación del informe, para, si lo estimaran oportuno, impugnar el informe, que habrá de incluir el inventario y la lista de acreedores. Para los no personados el plazo para presentar una impugnación será también de diez días hábiles, pero a contar desde la última publicación del informe.

Por último, una vez transcurrido el plazo de impugnación del inventario y de la lista de acreedores sin que se hubiesen presentado impugnaciones o, de haberse presentado, una vez puestos de manifiesto en la Secretaría del Juzgado de Primera Instancia número nueve y Mercantil de Córdoba los textos definitivos de dichos documentos, el juez pondrá fin a la fase común, acordando la apertura de la fase de convenio o de liquidación, según proceda.

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El colapso judicial apuntilla a las sociedades en concurso

diciembre 29th, 2010 — 9:11am

La mejor reforma que pueden hacer del proceso concursal es crear más juzgados mercantiles y dotarlos de recursos». Así se expresa el titular del juzgado de lo mercantil número 1 de Málaga, Antonio Fuentes, cuando se le pregunta acerca del proyecto de reforma de la Ley Concursal, que pronto iniciará su andadura parlamentaria tras ser aprobado el pasado día 17 por el Consejo de Ministros. Tiene razones para decirlo: su juzgado tiene el dudoso honor de ser el más colapsado de España. Este año ha incoado 2.700 asuntos, casi ocho veces más de lo que marca el Consejo General del Poder Judicial como tope.

Los dos juzgados mercantiles que funcionan en Málaga han declarado este año alrededor de 250 concursos de acreedores, según Fuentes. Son nuevos procesos que se suman a los que ya están en trámite, haciendo que el total de suspensiones de pagos gestionadas sólo por el número 1 supere las 300. Entre ellas figuran ‘macroconcursos’ como los de Aifos, Evemarina y Aurigacrown, que generan un volumen ingente de incidentes concursales. «El colapso es tal que ya estamos señalando vistas para 2013», afirma Antonio Fuentes. El número 2 no llega a tal atasco, aunque su situación también es crítica, por lo que recientemente se le ha concedido un magistrado de refuerzo.
Un retraso letal
Esta situación provoca grandes retrasos en la tramitación de los procesos concursales, lo que supone una condena a muerte para muchas sociedades. De hecho, la inmensa mayoría de las suspensiones de pagos acaban en liquidación. Algo que va en contra del espíritu de la Ley Concursal, que persigue precisamente la viabilidad de las empresas y la protección de los derechos de los acreedores. «La reforma de la Ley Concursal puede mejorar en algo las cosas, aunque no lo suficiente. El problema del atasco de los juzgados de lo mercantil no se soluciona con una reforma legal, sino con más jueces y más juzgados», sentencia Fuentes.
Con la reforma, el Gobierno quiere facilitar que las empresas con problemas de solvencia se refinancien con más facilidad y eviten así entrar en concurso. Por eso una de sus principales medidas consiste en permitir a la banca imponer a los acreedores minoritarios los acuerdos de refinanciación preconcursales a los que llegue con una empresa. Hasta ahora, si no estaban conformes todos los acreedores, la sociedad tenía que entrar en concurso. Además, las entidades financieras que inyecten dinero nuevo a las empresas tienen más garantías de recuperación, ya que el 50% de la cantidad que aporten tendrá prioridad de cobro, según explica Enrique Sanjuán, juez mercantil en excedencia y socio-director del departamento de Derecho Penal de Martínez-Echevarría Abogados.
Además, se va a modificar la solicitud preconcursal, cuya finalidad es que las empresas firmen un convenio con sus acreedores antes de entrar en suspensión de pagos. De esta manera, si una sociedad consigue refinanciarse estando en situación preconcursal ya no tendrá que ir a concurso, algo que ya se estaba aplicando en la práctica.
Según Sanjuán, la reforma falla en dos puntos fundamentales: «Deberían haberse creado los institutos preconcursales, que son una solución que ya existe en Alemania o Inglaterra para no tener que ir a concurso. Sería bueno, por ejemplo, para las personas físicas. Y respecto a los acuerdos de refinanciación, no se ha modificado la estructura que recogía la última reforma concursal, que por su excesiva complejidad no ha sido usada por ninguna empresa desde abril de 2009», afirma.
Las empresas también delinquen
El pasado jueves entró en vigor una reforma del Código Penal que afecta de lleno a las empresas, puesto que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hasta la fecha sólo las personas físicas podían ser acusadas de delitos, pero sin el artículo 31 bis del Código Penal establece que tras la comisión de un delito por los administradores de hecho o de derecho de una persona jurídica o por sus representantes legales o por sus empleados, responden también las personas jurídicas por fallos o defectos en su organización.
«Se rompe así el viejo oxisma del sistema español que decía: delinquen las personas, no las empresas», explica Ignacio Gordillo, socio director del Departamento Penal de Martínez-Echevarría Abogados y fiscal en excedencia de la Audiencia Nacional.
Así, una empresa puede tener que responder a partir de ahora por varios delitos recogidos expresamente en el Código Penal, entre los cuales destacan el fraude fiscal, el blanqueo de capitales, la estafa, la corrupción urbanística, delitos medioambientales y la corrupción entre particulares. Las penas que se establecen van desde multas hasta la disolución de la persona jurídica, pasando por la suspensión de sus actividades y la intervención.
Gordillo aconseja a los empresarios tomar las siguientes precauciones: «Información a los empleados, transparencia, control interno, cursos de formación y, en especial, establecer unas normas éticas y de buen funcionamiento por parte de la empresa». «La idea es establecer un protocolo de buen gobierno», resume.

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