Abogado delito abusos sexuales Málaga

Abogado delito abusos sexuales Málaga

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Abogados Especialistas en Abusos Sexuales en Málaga

Los abusos sexuales son aquellos comportamientos que, sin mediar violencia o intimidación en su realización y sin que exista un previo consentimiento de la víctima, atentan contra la libertad o indemnidad sexual de ésta.

Tradicionalmente, desde el Código Penal de 1848, la rúbrica del título donde se ubicaban todos los delitos relacionados con la sexualidad era la de delitos contra la honestidad. Algún sector doctrinal entendió que esta denominación que se daba al título hacía referencia no al bien jurídico protegido, sino a la modalidad comisiva del tipo penal. Entendían que la acción era en sí misma deshonesta, impudorosa o inmoral. Sin embargo, otro sector doctrinal entendía que dicha denominación sí delimitaba el bien jurídico protegido, que era la honestidad. Cualquiera que sea la postura que se adopte en uno u otro caso, lo cierto es que estos comportamientos delictivos estaban relacionados con la moral sexual o el pudor, lo que abocaba a un intento de diferenciar entre derecho y moralidad. El concepto “moral” o “pudor” es un concepto social cambiante y subjetivo que no refleja realmente el bien jurídico que debe ser objeto de tutela o de protección jurídica. Es un concepto social cambiante, en cuanto que lo que para una sociedad, y en un momento histórico concreto, determinados comportamientos pueden ser tachados o catalogados de inmorales, para otra sociedad o cultura, puede que no tenga esa misma denominación. Incluso, puede que lo que en un momento determinado lo que es para esa misma sociedad inmoral, con el paso del tiempo ya no lo sea. También es un concepto subjetivo, toda vez que la moralidad o la honestidad entra en la esfera individual de cada sujeto, que pertenece a su ámbito más íntimo y privado, y, por tanto, es cada uno quien determina qué es lo que puede ser honesto o no ante determinados comportamientos.

Por todo ello, y dada la evolución propia de la sociedad y del derecho penal, se pasó a catalogar a estos actos como delitos contra la libertad e indemnidad sexual, tal y como se establece en el Título VIII del Código Penal. Se castigan en este título conductas sexuales en las que la participación de la víctima no es libre ni voluntaria, siendo la libertad sexual el bien jurídico a defender y tutelar. Este es un enfoque más acertado y propio de un derecho penal democrático, toda vez que afecta a la esfera individual del sujeto, y que no viene impuesto por concepciones sociales o culturales que determinados grupos o personas puedan tener.  (Abogado delito abusos sexuales Málaga)

Todos los tipos relacionados con los abusos sexuales están contemplados en el capítulo II y en el capítulo II bis y bajo este mismo epígrafe, diferenciándolo de las agresiones sexuales en cuanto que en aquella no existe consentimiento de la víctima y hay una ausencia absoluta del empleo de la violencia o la intimidación, mientras que la agresión sexual se emplea esa violencia para vencer la negativa de la víctima al acto sexual.

Tipo básico del Delito de Abuso Sexual en Málaga

Está contemplado en el artículo 181 del Código Penal. En su apartado primero contempla el supuesto de hecho en el que debe incurrir aquel sujeto al que se le imputa un delito de abuso sexual Málaga. Es necesario que el autor del comportamiento ilícito penal atente contra la libertad sexual de una persona, cualquiera que sea su sexo, sin que éste haya consentido y sin emplear ninguna clase de fuerza, violencia o intimidación, ya que en este caso estaríamos ante una agresión sexual. Es un delito de tendencia del comportamiento humano para conseguir un beneficio sexual, por lo que se consuma de forma instantánea cuando se da principio a la ejecución de hecho, por muy breve o elemental que éste sea. En este tipo de delitos es imposible que se produzca la frustración del mismo, aunque sí se puede producir la tentativa delictiva, siempre que haya quedado claro que los actos ejecutados o exteriorizados tenían el propósito o intención de facilitar unos actos posteriores que atentaran contra la libertad sexual de la víctima, pero sin llegar a ejecutar nunca el hecho material impúdico por causa ajena a la voluntad del agresor.  (Abogado delito abusos sexuales Málaga).

La acción delictiva la componen tres elementos:

El primero, es el acto libidinoso con contenido sexual. Aquí se valora la acción en sí misma, como comportamiento humano, el cual tiene unas consecuencias jurídicas. Tiene que ser una acción positiva, en ningún caso cabría la posibilidad de hablar de un delito de comisión por omisión. Estos actos atentatorios tienen que serlo bien contra la libertad sexual, y en eso se iguala al tipo básico de la agresión sexual, bien contra la indemnidad sexual. Este último es un concepto ambiguo e impreciso, y muy alejado de lo que debe ser la estructura legal a la que deben responder los tipos penales conforme nuestro texto constitucional. Si se atiende a un concepto gramatical del término, en el que se define indemnidad como estado o situación del que está libre de daño o perjuicio, se debe castigar cualquier comportamiento que cause un daño o perjuicio sexual a la víctima. Este estado de indemnidad sexual en el que, a priori, se encuentra todo ser humano se corresponde con la necesidad de que se mantenga así durante todas las etapas de su vida. Se trata de tutelar el derecho a que no haya intromisión alguna en la sexualidad de las personas que pueda alterar su desarrollo normal, sobre todo en el caso de los menores e incapaces.  (Abogado delito abusos sexuales Málaga).

Este acto debe contener dos requisitos: El objetivo, en virtud del cual debe haber un contacto corporal o tocamiento impúdico entre el autor del hecho y la víctima. En este elemento se incluye cualquier signo de exteriorización o materialización por el agresor a la víctima con un contenido sexual, cuya variedad es múltiple y diversa sin que puedan acotarse en un elenco de comportamientos previamente establecidos. Este acto puede llevarse a cabo directamente por el agresor sobre la víctima o utilizando éste maniobras, de contenido intelectual o físico -siempre que no haya violencia o intimidación-, que venzan y mermen la capacidad del agredido para que éste actúe sobre el cuerpo del sujeto activo. Y, el requisito subjetivo o tendencial que impregna de antijuridicidad la conducta, como es el ánimo libidinoso o propósito de obtener un beneficio sexual. Se exige, por tanto, que al agresor le mueva el instinto sexual con la intención de obtener cierta satisfacción de esta misma índole, aunque no lo haya conseguido.

El segundo elemento del tipo es la ausencia de consentimiento. Éste es un elemento común con la agresión sexual del Artículo 178 del Código Penal: la ausencia del consentimiento válidamente prestado por la víctima de poder elegir no sólo la opción sexual que prefiera en cada momento, sino la persona con la que quiere llevarla a cabo, rechazando proposiciones no deseadas. La presencia o ausencia de consentimiento, como elemento delimitador y necesario para determinar la existencia de delito, no puede estar relacionado directamente con el enamoramiento. El amor puede ser una causa a tener en cuenta en la prueba sobre si existió no el mencionado consentimiento, pero nunca debe entenderse que hay consentimiento por el mero hecho de que exista ese estado emocional que es el enamoramiento. Las razones que motivan el dar o negar el consentimiento, como puede ser el amor, no pueden elevarse a categoría normativa excluyente de la tipicidad delictiva. En principio la motivación del consentimiento es irrelevante, siempre que aquel no haya sido creado mediante engaño o manipulación por el sujeto activo para conseguir el consentimiento en la relación sexual. El consentimiento debe existir cualquiera que sea el momento en el que el mismo se exteriorice.

Lo que hace que un acto sexual realizado con carácter libidinoso sea delito o no es el consentimiento del que lo recibe. Este elemento, calificado como básico en este tipo delictivo, es en muchas ocasiones, por no decir en casi todas, de muy difícil probanza. En la mayoría de los supuestos, será la palabra o versión, a modo de declaración, del que realiza el acto, contra la palabra o declaración del que lo recibe, denunciado y denunciante respectivamente, por lo que para el juez sentenciador es difícil dar a uno mayor credibilidad que a otro. Para ello, el tribunal o el juez cuentan con el principio de inmediación, piedra angular del proceso penal en la fase de enjuiciamiento. Es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que las declaraciones de la víctima o perjudicado tienen valor de prueba testifical siempre que se practiquen conforme a las prescripciones legales, siendo suficientes por sí mismas para desvirtuar la presunción de inocencia. Ahora bien, cuando es la única prueba se impone una cuidada y ponderada valoración de la misma por el Tribunal de instancia y para ello se han fijado determinadas pautas (falta de ánimo de venganza por hechos o circunstancias anteriores, verosimilitud basada en circunstancias periféricas o persistencia y ausencia de contradicciones relevantes en la declaración). Estas pautas en ningún caso constituyen requisitos o condiciones objetivas para la validez de la prueba testifical sino criterios o referencias que debe tener en cuenta el Tribunal para la valoración racional del testimonio de la víctima (Sentencias del Tribunal Supremo 1301/2006 y 1207/2006). Por todo ello, los tribunales pueden valorar las circunstancias anteriores, coetáneas o, incluso, posteriores al acto en sí que es objeto de enjuiciamiento -por ejemplo que el agresor haya manifestado anteriormente su deseo de realizar esos actos que se enjuician y la víctima se haya negado, o la exhibición de material pornográfico; que el autor de los hechos haya realizado manifestaciones de arrepentimiento posteriores al acto; o, incluso, el lugar o entorno donde se ha realizado el acto sexual, el cual puede ser determinante para dar mayor validez a una versión que a la contraria -.

En el caso de que la víctima sea menor de edad pero mayor de dieciséis años se debe extremar las cautelas para una correcta valoración de la prueba testifical de la víctima dada la facilidad confabuladora que tienen los menores debido al desarrollo, aún inmaduro, de su personalidad, así como a todos aquellos resortes mentales, todavía en formación, que pueden incidir en su forma y manera de narrar aquello que han presenciado. En tales casos cobran especial importancia las pruebas periciales psicológicas practicadas con todas las garantías (entre ellas la imparcialidad y contradicción procesal) para verificar el grado de fiabilidad de la declaración del menor. No obstante, hay que decir que no basta con tales informes periciales, pese a que sean una fuente probatoria de indiscutible valor, pues el Tribunal debe valorar la propia exploración de la víctima ante su presencia razonando su credibilidad en términos de convicción y, finalmente, el Tribunal deberá tener en cuenta si existen datos que corroboren complementariamente su afirmación con objeto de dotarla de certeza material.

El apartado segundo de este precepto establece presunciones “iuris et de iure”, en las que se presume, sin posibilidad de prueba en contrario, que falta el elemento del consentimiento, por lo que siempre habrá delito de abusos sexuales. Los casos contemplados son los siguientes:  (Abogado delito abusos sexuales Málaga).

Los actos realizados sobre personas que se hallan privadas de sentido o de cuyo trastorno mental se abusare, así como los que se cometan anulando la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea al efecto.  (Abogado delito abusos sexuales Málaga).

La enajenación equivale a una enfermedad que prive, disminuya o anule la capacidad de una persona de querer llevar a cabo actos sexuales. Este trastorno mental puede ser transitorio o permanente, pero se exige que, en el momento de cometerse el hecho, exista objetivamente esa enajenación de la víctima, y que el agresor, conocedor de ese estado, abuse del mismo. En cuanto a la expresión “las personas que se hallen privadas de sentido” hace referencia a una privación del estado de vigilia y consciencia por causas no patológicas, como puede ser el sueño, la embriaguez, hipnosis, estados febriles altos, etc.  (Abogado delito abusos sexuales Málaga).

En el apartado tercero del Artículo 181 del Código Penal se recoge el tipo penal de abuso sexual por prevalimiento. En estos casos hay una situación de superioridad del agresor frente a la víctima. Esta superioridad, que puede provenir de cualquier situación o relación existente entre ambos sujetos, debe ser manifiesta y tiene que cercenar la libertad de la víctima. En estos casos no pueden aplicarse además la agravante genérica de superioridad del artículo 22.2 del Código Penal. La jurisprudencia define esta situación de prevalimiento como aquella que origina una menor libertad del consentimiento de la víctima, al faltar las condiciones de igualdad que son substrato de la necesaria libertad para la entrega voluntaria al acto carnal o que dan una superioridad o ventaja al sujeto activo de la que éste se aprovecha.

El último apartado de este artículo recoge un subtipo agravado por la concurrencia de la condición del sujeto pasivo con el prevalimiento. Este párrafo se remite a las circunstancias 3ª y 4ª del artículo 180 CP, que son, respectivamente: “Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad o situación y, en todo caso, cuando sea menor de trece años”; “Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se haya prevalido de una relación de superioridad o parentesco, por ser descendiente, ascendiente o hermano, por naturaleza, o adopción, o afines, con la víctima”.

El tercer elemento comisivo es el de ausencia de violencia o intimidación. Este es el elemento diferenciador con el delito de agresión sexual. No existe un catálogo de comportamientos que podamos encuadrarlos como actos de violencia o intimidación que sirvan para doblegar la voluntad de la víctima de cara a obtener favores de naturaleza sexual, sino que habrá que acudir a cada caso concreto y con unos rasgos generales que la jurisprudencia ha ido elaborando con el paso del tiempo. El término violencia equivale a acometimiento, imposición material, uso de la fuerza física u otra semejante que vale para vencer la voluntad de la víctima y que, por tanto, haga inútil la negativa a realizar el acto sexual. El concepto intimidación se basa en la “vis compulsiva”, en virtud de la cual el sujeto pasivo cede a la actividad sexual para evitar un mal mayor sobre su persona o bienes o sobre los de un tercero con el que tenga una relación íntima o estrecha que le provoque ceder ante ese comportamiento (hijos, ascendientes, cónyuge, entre otros). No es necesario que el mal con el que se amenace sea grave, pero sí que sea creíble y real, y que sea de tal envergadura que haga por sí mismo que la víctima ceda al acto sexual. La violencia o la intimidación han de ser eficaces para inhibir cualquier atisbo de resistencia que pueda emplear la víctima en el momento en el que el agresor realiza el acto atentatorio contra la libertad sexual.

Finalmente, el artículo 182.1 CP, modificado por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo establece que el que, interviniendo engaño o abusando de una posición reconocida de confianza, autoridad o influencia sobre la víctima, realice actos de carácter sexual con estas personas, será castigado con pena de prisión de 1 a 3 años.

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