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La necesidad de salvaguardar la salud pública es indiscutible. Al contrario de lo que afirman algunos, mismo en el caso de las drogas blandas, la legitimidad del derecho penal aún es pertinente ya que sus peligros no son poco importantes.

En el campo del principio de intervención mínima y fragmentariedad, sí que se vislumbran algunas intervenciones excesivas y abusivas, pues deberían ser extraídos de la órbita penal aquellos comportamientos que lesionan el bien jurídico de forma nimia o tangencial, como ocurre en los casos mencionados de tráfico de drogas.

En el amplio término “de otro modo”, del artículo 368 Código Penal de 1995, se incluye una infinidad de acciones, en general, menos importantes que el tráfico propiamente dicho. O sea, de manera abierta, sin una clara delimitación, se sancionan de forma idéntica actos tan dispares como el transporte de las sustancias o la indicación de lugares donde comprar o personas que trafican.  (Abogado delito de drogas Málaga). 

En verdad, la disposición penal abierta es una técnica legislativa muy criticable, pues permite, en los casos de tráfico de drogas, apenar severamente situaciones que técnicamente estarían apenas en el campo de la participación o del favorecimiento, o aún de los actos preparatorios, o sea, actos totalmente distintos de la autoría del tráfico propiamente dicho.  (Abogado delito de drogas Málaga). 

A pesar de reconocerse a sí mismo la posibilidad de juzgar la necesidad de la sanción penal, el propio TC en su doctrina señala fuertes límites a esta intervención. La unanimidad prácticamente universal, en utilizar la vía penal para impedir el consumo de, unida a la escasez de datos empíricos por la ausencia de modelos sólidos de despenalización, hace que sea difícil dogmatizar sobre la existencia de medidas alternativas a las penales que inhiban el consumo de estupefacientes.

Difícilmente, el Tribunal Constitucional, en la línea de la jurisprudencia que viene adoptando, declararía la inconstitucionalidad de los dispositivos comentados, pues entiende que la discricionariedad del legislador no puede ser sustituida por el arbitrio del juzgador, so pena de vulneración a la legitimidad democrática de los primeros.

Cuanto a la proporcionalidad en sentido estricto, del delito contra la salud pública, se observa la obligatoriedad de equilibrio entre la entidad del delito y la entidad de la sanción. La pena debe guardar una relación de proporción con el concreto hecho cometido, de forma que si se produce un desequilibrio patente y excesivo o irrazonable entre el desvalor de la conducta y la sanción penal privativa de libertad, se estaría vulnerando el principio de proporcionalidad en el tratamiento de la libertad personal.

En los delitos cuya pena mínima sea muy elevada y que la conducta sea abierta, deben existir medios legales que hagan posible adecuar la sanción penal al verdadero contenido del injusto, de forma que pueda hacerse efectiva una reducción de la pena en aquellos supuestos en los que el riesgo para el bien jurídico sea mínimo.

Es lo que ocurre en el artículo 368, donde no hay distinción penológica entre en vendedor y otra persona que, por ejemplo, haya facilitado de otro modo en consumo ilegal de drogas. Eso genera una lesión al principio de la proporcionalidad en sentido estricto en la medida en que el tipo abierto y alternativo permite apenar de forma igual personas que practicaron conductas de grado de injusticia totalmente distintas.  (Abogado delito de drogas Málaga). 

También en la imposibilidad de ajustar la pena del pequeño vendedor a la normativa vigente se observa lesión a la proporcionalidad, ya que el mínimo de 3 años será aplicado indistintamente para medianas y pequeñas (antes insignificantes) cualidades.  (Abogado delito de drogas Málaga). 

Otra desproporción puede ser, indican nuestros abogados delito de drogas en Málaga encontrada en la penalización del comercio de precursores. Es que la pena para el comercio de precursores varía de 3 a 6 años, no importando si la destinación de los productos será para drogas blandas o duras.

Como la punición del tráfico de drogas propiamente dicho de una droga blanda tiene la pena de 1 a 3 años de prisión, puede ocurrir que el comercio del precursor sea apenado de forma más intensa que la venta del producto final, lo que evidentemente, vulnera la proporcionalidad en sentido estricto.  (Abogado delito de drogas Málaga). 

Por fin, en algunos supuestos agravados, una pena mínima tan elevada colisiona frontalmente con la realidad social del medio en el que las leyes han de ser aplicadas, hasta el punto que puede aparecer como notoriamente desproporcionadas en relación con determinados casos concretos. Especialmente, porque el tratamiento de las agravantes es el mismo sean ellas intensas o no. Esto es así porque en casi todos los subtipos agravados es posible imaginar hipótesis de menor entidad, y que a pesar de ello llenan el tipo agravado.

Por ejemplo en la agravante de introducción o difusión de en centros penitenciarios del art. 369.1 Código Penal de 1995, es posible la ocurrencia de hechos totalmente distintos y punidos de forma igual. Una tentativa de introducción de una pequeña cantidad de droga en las cavidades naturales del cuerpo de la mujer de un preso o la introducción y efectiva distribución de una grande cantidad (fuera del límite de notoria importancia) a varios presos esta apenada por la norma con el mismo castigo mínimo, o sea, nueve años.  (Abogado delito de drogas Málaga). 

El legislador se olvida (o simula olvidarse para aplicar la regla del menor esfuerzo) que no es con el agravamiento de la penas y con la ampliación del derecho penal que resolverá los problemas sociales. Justo lo contrario. Con normas penales sin la debida técnica y basadas en el derecho penal del miedo, del enemigo, del riesgo y de la seguridad, apenas llenará de inseguridad jurídica el ordenamiento español.  (Abogado delito de drogas Málaga). 

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