La denominada orden europea de detención, según señalan nuestros Abogados extradición Málaga se acomoda al principio de especialidad clásico en el derecho relativo a la extradición, conforme al cual el país requirente y receptor del entregado se compromete a no juzgar a éste por hechos anteriores diversos de aquél que sirvió de justificación para la entrega por parte del país que ejecuta la detención y entrega. Sin perjuicio de determinadas excepciones que no resulta ahora necesario examinar.

Tal principio ya estuvo presente en el Convenio Europeo de Extradición, hecho en el seno del Consejo de Europa (1957). A él hacía también referencia la Ley de Extradición Pasiva 4/1985. Y en el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen (1990). Una regulación más próxima a la que iba a ser recogida en la Decisión Marco, se encuentra en el artículo 10 del Convenio de Dublin (1996) adoptado sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea.

Con tales precedentes se adoptó la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo de fecha 13 de junio de 2002 (artículo 27). Y, en el derecho interno español la Ley 3/2003.

La citada regulaciónsegún señalan nuestros Abogados extradición Málaga pone de manifiesto que el Estado que lleva a cabo la entrega dispone, como manifestación de su soberanía, de facultades para ratificar o relevar de esa exigencia que implica el principio de especialidad. Pueden derogarlas incluso de manera general al margen del caso concreto.

El artículo 24 de la Ley española 3/2003 establece:

  • 1. El consentimiento o autorización para el enjuiciamiento, según señalan nuestros Abogados extradición Málaga condena o detención con vistas a la ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad, por toda infracción cometida antes de la entrega de una persona y que sea distinta de la que motivó dicha entrega al Estado español, se presumirá que existe siempre que el Estado de la autoridad judicial de ejecución haya notificado a la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea su disposición favorable al respecto, salvo que en un caso particular la autoridad judicial de ejecución declare lo contrario en su resolución de entrega.
  • 2. Si se hubiese formulado la declaración, la persona entregada a España no podrá ser procesada, condenada o privada de libertad por una infracción cometida antes de su entrega distinta de la que hubiere motivado ésta, salvo que el Estado de ejecución lo autorizase.

No obstante, como hemos puesto de manifiesto en otras ocasiones también está involucrado en el régimen de esta institución el derecho de defensa del detenido y entregado. Lo que, cuando la Autoridad responsable de la ejecución es española, se traduce en determinadas exigencias de las que da cuenta el artículo 14 de la ley 3/2003. Que incluye la de una audiencia por el Juzgado que debe expedir la orden con asistencia del Ministerio Fiscal, del abogado de la persona detenida y, en su caso, de intérprete, debiendo realizarse conforme a lo previsto para la declaración del detenido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En ella se oirá a la persona detenida sobre la prestación de su consentimiento irrevocable a la entrega. En la misma acta, en su caso, se hará constar la renuncia a acogerse al principio de especialidad, si se hubiere producido. Y se ordena al Juez Central que compruebe si el consentimiento a la entrega por parte de la persona detenida ha sido prestado libremente, y con pleno conocimiento de sus consecuencias, en especial de su carácter irrevocable. De la misma forma procederá respecto de la renuncia a acogerse al principio de especialidad. Y, a falta de conformidad se abre el debate sobre la concurrencia de causas de denegación o condicionamiento de la entrega. En la audiencia podrán proponerse por las partes los medios de prueba relativos a la concurrencia de causas de denegación o condicionamiento de dicha entrega.

Procedimiento en garantía del detenido que se ha de observar en el país de ejecución cuando la requirente es España. Esa doble perspectiva es recordada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la Sentencia de 5 de septiembre de 2008 en el caso Korkein Oikeus, respondiendo a cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo finlandés. Tal marco normativo y principios informantes del sistema nos llevan a examinar las circunstancias del caso que ahora juzgamos».

En suma,  según señalan nuestros Abogados extradición Málaga debemos entender que la solicitud de extradición cursada por las autoridades españolas en este caso se ajustó al protocolo fijado. Es indudable que una petición de extradición desplegada de acuerdo con el procedimiento exigible, oportunamente fijado en la norma, que cumple además los presupuestos y garantías preconcebidos por ambos Estados en el ejercicio de su potestad soberana y que, no adoleciendo de defectos sustanciales, ha sido tramitada a través de los órganos específicamente habilitados a tal fin, constituye una actuación material de dirección del proceso contra el presunto responsable. De ello se sigue la necesaria consecuencia de interrumpir el plazo de prescripción. Como de nuevo con acierto expresan las acusaciones recurrentes, tal efecto no puede quedar supeditado al resultado final, favorable o adverso a la extradición, siempre que la solicitud inicial reúna todos los presupuestos materiales necesarios. No sería un criterio ajustado a parámetros de seguridad jurídica aquél que validara una interrupción de los plazos de prescripción del delito o de la pena supeditada a su resultado, siempre que, como decimos, hayan concurrido «ab initio» los presupuestos que justificaron una fundada petición extradicional. Hacer depender de lo propicio o no de su resultado el efecto procesal que, a estos fines, deba predicarse de la extradición supone minimizar la importancia de una diligencia que, por su propia naturaleza, precisa de un procedimiento dotado de especial complejidad que combina la actuación estrictamente judicial con otras de índole gubernativo y diplomático, y que en todo caso persigue la entrega del sujeto para su enjuiciamiento o bien para el cumplimiento de la pena que ya le ha sido impuesta por un hecho delictivo.

La petición sometida a nuestro control se cursó habiéndose dictado el procesamiento de los sujetos extraditables, como reconoce la Sala “a quo” en el auto combatido y se desprende también del simple hecho de que dicho auto se dictara para, confirmando la conclusión del sumario previamente decidida por el Juez instructor, decretar el archivo por prescripción del delito, y no por otra causa de las legalmente previstas. No se discute en ningún momento el efecto interruptivo que esta Sala viene atribuyendo al auto por el que se haya declarado la situación procesal de procesamiento (v.gr. SSTS núm. 331/2006, de 24 de marzo, 1518/2004, de 23 de diciembre, ó 879/2002, de 17 de mayo), que indudablemente comporta la dirección del procedimiento contra el/los presunto/s responsable/s de los hechos delictivos. La petición de extradición subsiguiente estuvo en nuestro caso dirigida a lograr el enjuiciamiento efectivo de los indiciariamente declarados responsables de los hechos que habían motivado la apertura del sumario, y ello debe tenerse por diligencia sustancial, que no inocua.

Un último aspecto que queda por abordar es la distinción que la Sala de instancia parece realizar entre el supuesto de hecho sometido a nuestro examen y aquél que analizaba el ATS núm. 2601/2010, de 22 de diciembre, en el sentido de entender que en aquella ocasión el efecto interruptivo atribuido a la demanda extradicional dimanaba de la situación de detención en que se encontraría el declarado rebelde, lo que en ningún momento afirma el auto en cuestión, ni se desprende de su contenido. Por el contrario, en el mismo se apuntaba simplemente que, habiendo recaído el auto de procesamiento días antes del transcurso del plazo de veinte años necesario para la prescripción, se había producido con él la interrupción del plazo, al ser un acto procesal de dirección del procedimiento contra el culpable en los términos que expresan las SSTC núm. 29/2008, de 20 de febrero, y 147/2009, de 15 de junio, según señalan nuestros Abogados extradición Málaga. La posterior solicitud de extradición venía allí a completar esa misma dirección del proceso contra los presuntamente responsables. La situación de detención en que pudiera encontrarse el extraditado no era elemento imprescindible a estos efectos, circunstancia ésta que, insistimos, en ningún momento manifiesta el auto al que nos referimos.

Tampoco del Tratado bilateral entre España y Venezuela se desprende esa necesidad. Solamente en caso de urgencia se habilita a las autoridades de la Parte requirente para solicitar la detención preventiva de la persona reclamada (art. 24). Y no se exige que esa situación de detención o prisión sea acordada por auto judicial dictado en el país reclamante de forma acumulativa respecto del auto de procesamiento: ambos se citan separadamente en el epígrafe b) del art. 15, dedicado a enumerar la clase de resoluciones judiciales que habilitan una petición extradicional. Y tal enumeración, lejos de obedecer a un sistema cerrado o «numerus clausus», se formula de modo abierto para incluir “cualquier resolución judicial análoga según la legislación de la Parte requirente”, siendo únicamente exigible que en la misma se contengan “los hechos que se imputan y lugar y fecha en que ocurrieron”.

Nada justifica, en definitiva, la vinculación que consigna la resolución de instancia entre la detención del sujeto sobre el que recae la petición extradicional y sus efectos sobre el proceso penal abierto en el Estado reclamante. Cuestión distinta es que aquélla pueda llevarse a término si el interesado no es aprehendido, como habría razonado la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Venezuela, según reza el FJ. 2o, in fine, del auto impugnado.

También es cierto que el art. 20 del Convenio bilateral señala que “negada la extradición por razones que no sean meros defectos formales, la Parte requirente no podrá formular a la Parte requerida una nueva solicitud de extradición por el mismo hecho”. Muy probablemente ello impedirá cursar en este caso una nueva extradición, pero no es óbice para lo que aquí nos afecta, cual es el reconocimiento del efecto interruptivo por la sola tramitación de la extradición, pues bien pudieren ser localizados los procesados en la actualidad en diferente lugar no afectado por la disposición de este Convenio.

Como consecuencia de cuanto antecede, ambos recursos merecen ser estimados, declarándose la nulidad del auto que se recurre y ordenándose la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a su emisión para que por la Sala de instancia se dicte una nueva resolución acorde con la doctrina que queda expuesta.

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