El delito de coacciones en Málaga es tan habitual como difícil de delimitar la comisión del mismo pese a que la propia definición no parece hacerlo así. El Artículo 172 del Código Penal establece que el que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados.

La acción del delito de coacciones en Málaga consiste en impedir con violencia a otra persona hacer lo que la ley no prohíba o compelerle (también con violencia, aunque la ley no lo diga expresamente) a efectuar lo que no quiere (art. 172.1 CP) El empleo de violencia es fundamental en este delito. Originariamente, cierto sector jurisprudencia y doctrinal entendió por violencia sólo la física, pero actualmente es unánime en la jurisprudencia un tesis extensiva, comprendiéndose las intimidaciones personales e incluso el empleo de fuerza en las cosas.

La inclusión de la intimidación en las coacciones hace que sea muchas veces imposible distinguir a éstas de las amenazas y sobre todo de las amenazas condicionales, que tienen asignada una pena más grave que las coacciones.

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Mucho más discutible es la interpretación extensiva que hace el Tribunal Supremo al ampliar el concepto de “violencia” a la fuerza ejercida sobre las cosas y aun a casos en los que ni tan siquiera se puede hablar de fuerza en las cosas. Menos dudosa es la inclusión de los casos en que se priva de voluntad a un sujeto con el empleo de narcóticos, porque, aunque no se emplee materialmente la violencia, el efecto, la anulación de la voluntad, es el mismo. Sujeto pasivo puede serlo todo el que tenga una voluntad capaz de ser doblegada por la coacción. Dicen nuestros Abogado Penalistas que no es preciso que sea imputable, aunque en algunos casos el no imputable ni siquiera podrá tener esa capacidad volitiva mínima, por faltarle la capacidad de acción, con los que no puede ser sujeto pasivo de este delito. El resultado ha de ser impedir a otra hacer algo que la ley no prohíbe (es decir, obligarle a omitir algo no prohibido), o compelerle a efectuar algo, justo o injusto. Debe mediar una relación de causalidad e imputación objetiva entre la acción de coaccionar y el resultado. Para ello hay que tener en cuenta las circunstancias del hecho, la situación de los sujetos y todos aquellos datos que permitan ofrecer un juicio objetivo ex ante sobre la intensidad de la violencia y su adecuación para conseguir el resultado deseado. No es lo mismo coaccionar a un niño que a un boxeador profesional; en cada caso la intensidad de la violencia a emplear es distinta.

Impedir con violencia a otra persona hacer lo que la ley no prohíba. O también obligar con violencia a efectuar lo que no quiere. Empleo de violencia e intimidación. Es difícil de delimitar con el delito de amenazas. Ejemplo: cambio de una cerradura a un piso alquilado por impago de la mensualidad.

Es necesario que el dolo abarque no sólo el empleo de la violencia que doblegue la voluntad ajena, sino que es preciso también que ésta sea la intención del sujeto activo. El error sobre la licitud del empleo de la violencia no es, sin embargo, un problema de dolo, sino que debe tratarse como un error de prohibición del art. 14.3 CP.

Impedir el suicidio. El suicidio no es un acto prohibido por la ley y el impedir con violencia que otro se suicide constituye, en principio, un acto típico de acciones. Pero en casos límite en los que un 3º consigue en última instancia impedir que el suicida se arroje por la ventana, agarrándolo para que no lo haga, etc… podría aplicarse el estado de necesidad (art. 20.5 CP).

Dicen nuestros Abogados delito de coacciones en Málaga que el tratamiento médico en contra de la voluntad del paciente sólo puede estar justificado por imperativo de la ley para preservar la salud pública o por estado de necesidad, siempre que se den los requisitos de necesidad y proporcionalidad antes aludidos y se trata de supuestos límites en los que el paciente a punto de morir tiene alteraciones en su capacidad de decidir debidas a su propia patología. Huelgas de hambre reivindicatorias. Las huelgas de hambre en el ámbito penitenciario por razones políticas o como forma de conseguir alguna reivindicación deben tener la misma solución que la que se da a los casos de tratamiento médico; es decir, en principio hay que respetar la voluntad del huelguista, salvo que éste haya perdida ya de forma permanente la consciencia o su capacidad de decisión ya esté gravemente alterada.

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