El secuestro de una persona exigiendo alguna condición para ponerla en libertad, será castigado con la pena de prisión de 6 a 10 años. Si en el secuestro se ha ejecutado con simulación de autoridad o función pública, o la víctima fuere menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección o funcionario público en el ejercicio de sus funciones”.

Señalan nuestros Abogados Penalistas que no es un tipo penal muy habitual y es por ello por lo que para su tramitación hay que contar con los mejores profesionales en la Materia.

Cuando la detención va seguida de la exigencia de alguna condición para poner el libertad a la persona secuestrada. El art. 164 CP habla de “ponerla en libertad”, lo que literalmente interpretado puede dar la impresión de que el tipo exige que el secuestrado esté con vida. Pero esta interpretación no sería correcta ni siquiera en el plano gramatical, y mucho menos en el plano sistemático y teleológico.

Según nuestros Abogados delito de secuestro en Málaga, el artículo 164 del Código Penal es un delito complejo que incluye, por un lado, un delito de detenciones ilegales y, por otro, unas amenazas condicionales. El legislador podía haber elegido perfectamente valorar el complejo delictivo que constituye el llamado “secuestro” por la vía del concurso (ideal) de delitos, pero, la razón de la elección de esta técnica legislativa no es otra que la mayor gravedad de la pena con la que conmina el delito complejo de secuestro, mucho mayor que la que resultaría de aplicar los dos delitos por separado conforme a las reglas del concurso de delitos.

Abogados para secuestros en malaga

La pena del secuestro, que ya de por sí es de prisión de 6 a 10 años, se eleva a la superior en grado si se da la circunstancia del art. 163.3 CP, es decir, la de que el secuestro hubiera durado más de 15 días, y se rebaja a la inferior en grado si se dieran las condiciones del art. 163.2 CP, es decir, si el culpable diera libertad al encerrado o detenido dentro de los tres primeros días de su detención, sin haber logrado el objetivo que se había propuesto. Si se obliga al secuestrado a suscribir algún documento, habrá el correspondiente concurso con el delito de extorsión; igualmente cabe el concurso entre el secuestro y los delitos contra la vida, la integridad física o la libertad sexual.

Las penas de los artículos anteriores se impondrán en su mitad superior, en los respectivos casos, si la detención ilegal o secuestro se ha ejecutado con simulación de autoridad o función pública, o la víctima fuere menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección o funcionario público en el ejercicio de sus funciones.

Dicho artículo, dicen nuestros  Abogados delito de secuestro en Málaga, contiene una serie de cualificaciones comunes a las detenciones ilegales y secuestros tipificados en los arts. Anteriores, imponiendo las respectivas penas en su mitad superior cuando la detención ilegal o secuestro se ha ejecutado con simulación de autoridad o función pública, o la víctima fuere menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección, o funcionario público en el ejercicio de sus funciones.

El hecho será castigado con una pena de 15 a 20 años de prisión, en el caso de detención ilegal, y de 20 a 25 años de prisión, en el de secuestro, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

Que la víctima fuera menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección. Que el autor hubiera llevado a cabo lin frafana detención ilegal o secuestro con la intención de atentar contra la libertad o la indemnidad sexual de la víctima, o hubiera actuado posteriormente con esa finalidad. Es ciertamente grave que alguien que detuvo ilegalmente o secuestró a una persona no dé razón del paradero de la misma, e inmediatamente surge la sospecha de que puede haberla matado. Pero para castigar por homicidio o asesinato hay que demostrar que efectivamente este hecho se ha producido, y eso es lo que no sucede cuando lo único que consta es que no se sabe el paradero de la persona detenida. Por lo que el precepto sólo puede aplicarse a los que, una vez detenidos, procesados y juzgados por un delito de detención ilegal o secuestro, no dan razón del paradero del detenido, en la medida en que éste no haya aparecido, vivo o muerto. Como no puede ser probado, se ha optado por agravar la pena al autor del delito previo de detención ilegal o secuestro “que no dé razón del paradero de la persona detenida”. Se trata pues de penalizar la “desaparición” del detenido, sin dar razón de su paradero.

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