Lo primero que quieren poner de manifiesto nuestros Abogados delito de tortura es que este tipo de expedientes raramente se dan y parecen establecidos en base a tiempos pasados. No obstante, en nuestra Firma hemos tenido que ir penalmente contra funcionarios de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que se han extralimitado en sus funciones y han sido condenados por este tipo penal de tortura.

También hemos tramitado expedientes, en este último caso, defendiendo a un Policía de la imputación del delito de tortura del que resultó absuelto por falta de pruebas.

Dicho lo anterior, nuestros Abogados delito de tortura cuentan con la experiencia desde las dos perspectivas.

Abogados delito de tortura

Comete tortura la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, la sometiere a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u  otras circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión o que, de cualquier otro modo, atenten contra su integridad moral. El culpable de tortura será castigado con la pena de prisión de 2 a 6 años su el atentado fuera grave, y de prisión de 1 a 3 años si no lo es. Además de las penas señaladas se impondrá, en todo caso, la pena de inhabilitación absoluta de 8 a12 años.

En las mismas penas incurrirán, respectivamente, la autoridad o funcionario de instituciones penitenciarias o de centros de protección o corrección de menores que cometiere, respecto de detenidos, internos o presos, los actos a que se refiere el apartado anterior.

 El delito de tortura estricto sensu del art. 174 CP, además de tener como bien jurídico protegido la integridad moral, puede ser considerado, tanto por la índole de los sujetos como por la forma en que se describe la acción típica, como un delito contra la AP.

Señalan nuestros Abogados delito de tortura que los artículos 174 y 175 CP, que prescinden de la expresión “en el curso de una investigación”, abarcando así a un mayor número de supuestos. El criterio rector para interpretar este delito debe ser, por tanto, el abuso de poder por parte del funcionario por parte del funcionario pero referido a los particulares. Es decir, el ataque a los derechos fundamentales de los ciudadanos en el delito de tortura se configura como un ataque cualificado por la condición funcionarial del sujeto activo que, como tal, tiene el deber precisamente de proteger con más énfasis estos derechos fundamentales.

El problema del delito de tortura no es un problema de leyes, sino de sensibilidad y de formación de las personas encargadas de aplicar esas leyes. Pero, como la experiencia enseña, las leyes excepcionales derogativas de derechos fundamentales de la persona son las que generalmente favorecen y facilitan este tipo de hechos. Por eso, todas las garantías y precauciones que rodeen y limiten su aplicación serán pocas, y siempre habrá que tener en cuenta que el carácter excepcional debe reflejarse también en su carácter temporal. Comete tortura la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, la sometiere a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión o que de cualquier otro modo, atenten contra  su integridad moral. El culpable de tortura será castigado con la pena de prisión de 2 a 6 años si el atentado fuera grave, y de prisión de 1 a 3 años si no lo es. Además de las penas señaladas se impondrá, en todo caso, la pena de inhabilitación absoluta de 8 a 12 años.

 En las mismas penas incurrirán, respectivamente, la autoridad o funcionario de instituciones penitenciarios o de centros de protección o corrección de menores que cometiere, respecto de detenidos, internos o presos, los actos que se refiere el apartado anterior. El legislador nos indica que comete tortura quien someta a otro a “condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias” supongan al sujeto pasivo “sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión”.

El elemento teleológico “con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha sometido, o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación”. No es más que un especial elemento subjetivo del tipo que caracteriza al delito de tortura frente a otros comportamientos de parecida naturaleza pero que no persiguen la obtención de información o la aplicación de un castigo ni se realizan por motivos discriminatorios. En función de la gravedad de las condiciones o procedimientos a los que el funcionario someta al sujeto activo, la pena será, a su vez de mayor o menor gravedad. Deberá ser el juez el que determine, en el caso concreto, cuándo estamos ante una tortura grave y cuando no.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Be Sociable, Share!