Vamos a afrontar el estudio del delito contra la Integridad Moral conforme al criterio de nuestros Abogados Penalistas Málaga.

El aprovechamiento de una situación extrema de indefensión, conforme al hecho probado, añade a la privación de libertad la agresión a la dignidad, por lo que la subsunción en el art. 173 es adecuada al hecho probado que contiene los hechos fundamentales de un comportamiento de trato degradante que se complementa en la fundamentación de la sentencia. Así, resulta degradante el hecho de golpear al detenido maniatado, o conducirle en el maletero de un coche durante un largo trayecto, o estar continuamente maniatado y sin alimentación, lo que añade un plus de gravedad que afecta a la integridad moral, recibiendo golpes absolutamente innecesarios y, desde la indefensión, degradantes.

 

Afirma la recurrente, según explicó nuestros Abogados  delito contra la Integridad Moral  y también recogen otros recurrentes que la extradición no autoriza esta persecución penal, lo que se compadece mal con la realidad en la que se afirma la cesión de la jurisdicción para todos los hechos acaecidos durante la privación de libertad.

«El concepto de integridad moral, si no del todo coincidente con el de dignidad, está estrecha e indisolublemente asociado a él. Y, en la consideración actual (de ascendencia kantiana), universalmente aceptada, denota un valor inherente a toda persona por el mero hecho de serlo; y que la convierte en un fin en sí misma. Esto impide, según nuestros Abogados  delito contra la Integridad Moral  que pueda ser objeto de usos instrumentales para fines ajenos, o víctima de maltrato. Así, la conciencia y reconocimiento de ese valor como atributo incancelable del otro, es la razón del respeto mutuo, y, cuando impera, hace simétricas las relaciones, como propias de sujetos iguales en dignidad, al margen de cualesquiera rasgos diferenciales.

La actuación sufrida por Elena Pxxxx con ocasión de su registro en la comisaría, no puede decirse que fuera indiferente desde el punto de vista de su dignidad, pues no cabe duda de que medidas como la reducción por la fuerza y los cacheos con la imposición de una cierta desnudez, afectan sin duda negativamente a ese valor. Ahora bien, estando a la descripción y a la interpretación de esos hechos que hace la Audiencia —ya en este momento y en esta instancia— hay que partir de que la intervención, que se desgrana en la sucesión de acciones minuciosamente descritas en la sentencia, fue consecuente con el comportamiento de aquella. Salvo en lo que se refiere a lo que la propia sala de instancia califica expresivamente de “bofetada en toda regla”; una agresión pura y simple, por tanto, jurídicamente inaceptable, también, o más aún, en semejante contexto.

Dicho esto, el tema ahora suscitado por la impugnación, se ciñe a determinar el encaje de esa acción en uno u otro de los preceptos invocados por la recurrente, es decir, el del art. 175 Cpenal o el del art. 620,2 Cpenal del mismo texto.

El primero de ellos está dirigido a sancionar los atentados contra la integridad moral producidos “fuera de los casos comprendidos en el artículo” precedente, que es el que tipifica el delito de tortura. Por tanto, se refiere a aquellos que, siendo de una significación objetiva equivalente, no respondan “al fin de obtener una confesión o información”. Y, dada la especificación del art. 174 Cpenal, la aplicación del art. 175 Cpenal reclama actos que comporten un padecimiento para la integridad moral de la persona concernida, asimilable al que resulte del sometimiento “a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales [o] la supresión o disminución de sus facultades…”.

Pues bien, estando como se ha dicho antes, a la conducta que es el objeto exclusivo de estas consideraciones, constituida por la acción (una bofetada) plenamente deslindada en los hechos de la sentencia, hay que convenir que la conclusión de la sala de instancia, de no considerarla subsumible en el precepto del art. 175 (en su relación con el art. 174 Cpenal) es correcta. En efecto, pues se trató exclusivamente de una agresión, en sí misma, de carácter leve, pues no produjo ningún traumatismo orgánico, por lo que tiene encaje adecuado en el precepto del art. 617,2o Cpenal que castiga el maltrato físico sin causar lesión; que es el que ha aplicado el tribunal.

Pero la impugnación promovida suscita un tema, ciertamente relevante, que tiene que ser abordado: es el de si realmente, dadas las circunstancias de la autora y del contexto de la acción incriminable, cabe decir que todo su contenido de antijuridicidad penal queda absorbido por esa norma. Y la respuesta debe ser que no. Veámoslo.

La norma de referencia describe y sanciona la acción consistente en golpear sin causar lesión. Es decir, por antonomasia, el hecho de que alguien dé a otro, con el que se encuentra en una relación de cierta simetría en las posiciones, un simple golpe con la mano, sin más consecuencias. Una clase de supuesto que, seguramente, es de los que más recurren en la estadística de los juicios de faltas; y que, haciendo abstracción del contexto, es el que aquí se produjo.

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