Nuestros Abogados Especialistas en Maltrato en Málaga van, mediante la exposición de un supuesto práctico a explicar todas las cuestiones relativas a este tipo penal tan habitual.

«En efecto, el argumento fundamental de la sentencia recurrida se centra en considerar que los actos perpetrados por Tomás Eugenio sobre sus víctimas no pueden estimarse, considerados aisladamente, como graves atentados contra la integridad moral, por lo que no constituyen en sí mismos un trato degradante. De modo que, a pesar de admitir a continuación que la conducta del referido acusado, dada su dilación en el tiempo y la creación de un persistente clima de tensión y de sostenida hostilidad, resultaba vejatoria y humillante para sus cuatro subordinadas, la Audiencia acaba entendiendo que estaríamos ante un supuesto de acoso laboral y no de trato degradante, por lo que la conducta debía considerarse atípica, pues la figura del acoso laboral como supuesto de atentado contra la integridad moral solo resulta punible.

Establecida en esos términos, según nuestros Abogados delito maltrato Málaga, la tesis absolutoria de la sentencia recurrida, es claro que no puede compartirse por esta Sala. En primer lugar, porque resulta incoherente con la interpretación que hace del art. 175 del C. Penal, pues si considera que la norma permite la punición de los atentados menos graves debió expresar las razones por las que en este caso ni siquiera se da un atentado de esa entidad.

Y en segundo término, porque, tal como se expondrá a continuación, estimamos que aquí se da un supuesto de trato degradante del art. 173.1 del C. Penal. En cambio, entendemos que no concurre el supuesto de agravación del art. 175 del C. Penal, por cuanto, aunque el sujeto activo de la conducta delictiva es un funcionario policial, los sujetos pasivos no son ciudadanos ajenos a la función pública, sino unas funcionarias subordinadas del autor de los actos delictivos, supuesto que no puede comprenderse en el art. 175, pues ha de entenderse que la agravación de esta norma solo puede operar cuando la conducta degradante se produce contra sujetos ajenos al ámbito funcionarial del sujeto activo, según nuestros Abogados delito maltrato Málaga. Y ese supuesto no se da en el caso enjuiciado.

Esta interpretación del precepto, que favorece al reo, concuerda además con la regulación que se hace ahora del acoso laboral en el innovado art. 173.1 del C. Penal, en el que se especifica que cuando se trate de un trato degradante dentro del ámbito funcionarial ha de aplicarse el art. 173.1 y no el art. 175 del C. Penal.

Aclarado este punto, se ha de proceder ahora a examinar la posible aplicación del art. 173.1 del C. Penal, , según nuestros Abogados delito maltrato Málaga, en su redacción anterior a la reforma del año 2010, para lo cual habrá que dilucidar si la conducta de Tomás Exxxx Pxxxx puede calificarse como un trato degradante que ha menoscabado gravemente la integridad moral de sus cuatro subordinadas.

  1. Los dos ejes sobre los que pivota la conducta penal objetiva descrita en el art. 173.1 del C. Penal son el infligir a una persona un trato degradante y el causarle con ello un menoscabo grave a su integridad moral.

Con respecto al concepto de trato degradante, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo viene definiendo como aquellos tratos que pueden “crear en las víctimas sentimientos de temor, de angustia y de inferioridad, susceptibles de humillarles, de envilecerles y de quebrantar en su caso su resistencia física y moral” (SSTEDH de Irlanda c. el Reino Unido e Irlanda del Norte, de 18 de enero de 1978; caso Soering, c. Reino Unido de 7 de julio de 1989; caso Tomasi c. Francia, de 27 de agosto de 1992; caso Price c. Reino Unido e Irlanda del Norte, de 10 de julio de 2001). Resulta, pues, relevante la creación en la víctima de una situación de envilecimiento y de humillación, y también la susceptibilidad de doblegar la resistencia física y moral de las víctimas. En estos casos se considera que concurre una violación del art. 3 del Convenio Europeo, que dice: “Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”.

El Tribunal Constitucional, según nuestros Abogados delito maltrato Málaga, afirma al respecto que los tres comportamientos absolutamente prohibidos por el art. 15 CE (torturas, tratos inhumanos y tratos degradantes) se caracterizan por la irrogación de padecimientos físicos o psíquicos ilícitos e infligidos de modo vejatorio para quien los sufre y con esa propia intención de vejar y doblegar la voluntad del sujeto paciente (SSTC 120/1990, de 27 de junio; 57/1994, de 28 de febrero; 196/2006, de 3 de julio; y 34/2008, de 25 de febrero). Cada tipo de conducta prohibida se distingue por “la diferente intensidad del sufrimiento causado” en “una escala gradual cuyo último nivel estaría constituido por la pena o trato degradante” (SSTC 137/1990, de 19 de julio; 215/1994, de 14 de julio; y 34/2008, de 25 de febrero), para cuya apreciación ha de concurrir “un umbral mínimo de severidad” (conforme a la SSTEDH caso Campbell y Cosans c. Reino Unido, de 25 de febrero de 1982; y caso Castello-Roberts c. Reino Unido, de 25 de marzo de 1993). Tales conductas constituyen un atentado “frontal y radical” a la dignidad humana, “bien porque cosifican al individuo, rebajándolo a un nivel material o animal, bien porque lo mediatizan o instrumentalizan, olvidándose de que toda persona es un fin en sí mismo” (STC 181/2004, de 2 de noviembre).

En cuanto al bien jurídico de la integridad moral que ha de ser menoscabado gravemente, la doctrina viene conceptuándolo como el derecho de la persona a no sufrir sensaciones de dolor o sufrimientos físicos o psíquicos humillantes, vejatorios o envilecedores.

La jurisprudencia de esta Sala ha venido señalando que la integridad moral se identifica con las nociones de dignidad e inviolabilidad de la persona, matizando que con el castigo de las conductas atentatorias a la integridad moral se pretende reafirmar la idea de que el ser humano es siempre fin en sí mismo, sin que quepa “cosificarlo”, circunstancia que obliga a distinguir los simples ataques a la integridad física o psíquica de aquellos otros con repercusión directa en la dignidad humana. La integridad moral se configura como una categoría conceptual propia, como un valor independiente del derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad en sus diversas manifestaciones o al honor. No cabe la menor duda de que tanto nuestra Constitución como el CP configuran la integridad moral como una realidad axiológica propia, autónoma e independiente de aquellos derechos; y tan evidente es así que los arts. 173 y 177 del CP establecen una regla concursal que obliga a castigar separadamente las lesiones a estos bienes y las producidas a la integridad moral. De aquí se deduce también que no todo atentado a la misma, necesariamente, habrá de comportar un atentado a los otros bienes jurídicos, siendo posible imaginar la existencia de comportamientos típicos que únicamente quiebren la integridad moral sin reportar daño alguno a otros bienes personalísimos.

De todas formas, según nuestros Abogados delito maltrato Málaga, no cabe identificar la integridad moral con la dignidad humana ni considerar esta como el bien jurídico que autonomiza el tipo penal del art. 173. Pues, como tiene reiterado la doctrina, la dignidad humana, más que un bien jurídico diferenciado, constituye una síntesis de la totalidad de las dimensiones físicas o espirituales específicas de la persona humana que inspira y fundamenta todos los derechos fundamentales. Por lo tanto, opera como un principio regulativo que funcionaliza a todos y a cada uno de los derechos fundamentales, constituyendo el núcleo o punto de referencia del que fluyen todos ellos.

En cuanto al concepto de trato degradante, según nuestros Abogados delito maltrato Málaga, la jurisprudencia de esta Sala acoge el concepto establecido por el TEDH anteriormente reseñado, ya que lo define como aquel trato que puede crear en las víctimas sentimientos de terror, de angustia y de inferioridad susceptibles de humillarles, de envilecerles y de quebrantar, en su caso, su resistencia física o moral” (SSTS 1061/2009, de 26-10; 255/2011, de 6-4; y 255/2012, de 29-3, entre otras).

Por último, como elementos de este delito se han señalado los siguientes:

  • a) un acto de claro e inequívoco contenido vejatorio para el sujeto pasivo del delito;
  • b) un padecimiento físico o psíquico en dicho sujeto; y
  • c) un comportamiento que sea degradante o humillante e incida en el concepto de dignidad de la persona afectada por el delito de malos tratos Málaga. Y en cuanto al resultado exige el precepto que el trato degradante menoscabe gravemente la integridad moral, lo que excluiría los supuestos banales o de menor entidad (SSTS 233/2009, de 3-3; 1061/2009, de 26- 10; y 255/2011, de 6-4).

(…)

  1. Pues bien, ponderando todo ese cúmulo de datos relativos a la conducta del acusado Tomás Eugenio, ha de concluirse, en contra de lo que afirma la Audiencia, que se está ante unos actos vejatorios que deben ser incardinados en el concepto de trato degradante que menoscaba gravemente la integridad moral de las funcionarias municipales denunciantes.

En efecto, aun siendo cierto que el criterio de la gravedad de la conducta degradante muestra un grado importante de relatividad e indeterminación que debilita la taxatividad que exige el principio de legalidad penal, sin embargo, para resolver y decidir sobre esa baremación de la gravedad de la conducta de los acusados ha de estarse a las pautas que marca la jurisprudencia, tanto en el ámbito internacional como en el interno de nuestro país.

A este respecto, el TEDH establece en reiteradas sentencias que para sopesar la gravedad de un hecho susceptible de violar el art. 3 del Convenio Europeo ha de estarse al conjunto de las circunstancias de cada caso, entre las que cita “la duración de los malos tratos, sus efectos físicos y mentales y, en algunos casos, el sexo, la edad y el estado de salud de la víctima” (SSTEDH caso Irlanda c. el Reino Unido e Irlanda del Norte, de 18 de enero de 1978; caso Tyrer c. el Reino Unido, de 25 de abril de 1978; caso Soering c. Reino Unido, de 7 de julio de 1989; caso Campbell y Cosans c. Reino Unido, de 25 de febrero de 1982; caso Price c. Reino Unido e Irlanda del Norte, de 10 de julio de 2001; caso Mouisel c. Francia, de 14 de noviembre de 2002; y caso Gennadi Naoumenko c. Ucrania, de 10 de febrero de 2004).

Al aplicar esos parámetros sobre la gravedad de los actos degradantes al supuesto que se juzga, según nuestros Abogados delito maltrato Málaga, resulta claro que se cumplimentan algunos de ellos. En efecto, la duración de los malos tratos por parte de Tomás Exxxx sobre las víctimas que tenía subordinadas se extendió por un periodo de tiempo que abarca desde el año 2002 hasta octubre del 2006, según se recoge en la sentencia recurrida. Además, el sexo femenino de las víctimas tuvo, como alega el Ministerio Fiscal en su escrito de recurso, una influencia importante en la conducta atentatoria de su superior, a tenor de las palabras que profería contra ellas y de algunos improperios que les dirigía con un contenido y un tono con connotaciones claramente “machistas”. Y por último, sobre la gravedad de los efectos generados por las vejaciones verbales y gestuales del referido acusado tampoco cabe albergar duda alguna, toda vez que les ocasionó lesiones psíquicas que tardaron en curar periodos de 386 días, 64 días y 122 días, teniendo que recibir tratamiento médico psiquiátrico para curar los padecimientos psíquicos que habían sufrido como consecuencia de los actos reiterados de su superior.

En cuanto a la naturaleza y enjundia de los actos ejecutados contra las denunciantes, el Tribunal sentenciador, según ya se anticipó, se refirió al trabajo que realizaban diciéndoles que daban “pérdidas”, que eran ineptas o inútiles, enmarcándose todo ello con respecto al rendimiento del trabajo que realizaban en la Unidad Administrativa las denunciantes, profiriendo para ello gritos en público de forma reiterada y en un tono y sentido vejatorio. Destacó la Audiencia las expresiones humillantes proferidas por Tomás Exxxx relativas al aspecto físico, inquiriendo a una denunciante para que se pintara, o para atribuir lo que consideraba falta de acierto en el trabajo a que “venía de follar con el nota”. Igualmente descalificaba el trabajo de las agentes policiales en público profiriendo gritos, y reaccionaba airadamente con amago de usar la violencia ante el disgusto de lo que pudiera escuchar o hacer alguna agente policial. Las amenazaba repetidamente con revelar el expediente personal de las denunciantes o de echarlas a la calle. Todas estas conductas en su conjunto, dice el Tribunal sentenciador, se prolongaron en el tiempo, con un persistente clima de tensión y sostenida hostilidad, que propiciaron temor en las denunciantes al sufrir humillaciones de modo reiterado.

También se dice en la sentencia que de manera sistemática y continuada en el tiempo las agentes policiales denunciantes sufrieron la conducta del acusado Tomás Exxxx, quien, con desprecio, les decía que eran “unas pérdidas” por, a su juicio, falta de rendimiento en el trabajo, llamándolas “!archivo, archivo!” a algunas de ellas en atención al lugar a que fueron destinadas a partir de mayo de 2006, de forma que a través de sus improperios acababa cosificándolas. Y en algunas ocasiones se dirigió a gritos a María Jxxx Mxxxx Bxxxx cuando descolgaba el teléfono para hablar con su hermana, recriminándole las llamadas que realizaba, a sabiendas de que tenía una hermana con cáncer terminal.

Asimismo refiere la Sala, según nuestros Abogados delito maltrato Málaga, que a consecuencia de tales reprimendas constantes hizo llorar en alguna ocasión a las víctimas, produciéndoles miedo, sobresalto y ansiedad.

Tanto la extensión de estos actos en el tiempo, como su claro contenido vejatorio y humillante, así como los graves efectos que generaron en la salud psíquica de las víctimas, a tenor de las lesiones referidas, permiten, vistos los criterios aplicados por el TEDH, hablar de malos tratos subsumibles en el concepto de trato degradante que genera un grave perjuicio en la integridad moral de las víctimas.

A este respecto, la jurisprudencia de esta Sala tiene afirmado que la expresión “trato degradante” parece presuponer una cierta permanencia, o al menos repetición, del comportamiento degradante, pues en otro caso no habría “trato” sino simplemente ataque; no obstante ello, no debe encontrarse obstáculo para estimar cometido el delito a partir de una conducta única y puntual, siempre que en ella se aprecie una intensidad lesiva para la dignidad humana suficiente para su encuadre en el precepto; es decir, un solo acto, si se prueba brutal, cruel o humillante puede ser calificado de degradante si tiene intensidad suficiente para ello. Por lo que hace referencia al resultado, se precisará un menoscabo de la integridad moral, como bien jurídico protegido por la norma, y que se configura como valor autónomo, independiente del derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad o al honor, radicando su esencia en la necesidad de proteger la inviolabilidad de la persona. Se trata de un tipo residual que recoge todas las conductas, que supongan una agresión grave a la integridad moral. Y en cuanto a la mecánica comisiva se sanciona cualquier trato degradante que menoscabe gravemente la integridad moral. Se trata de someter a la víctima, de forma intencionada, a una situación degradante de humillación e indigna para la persona humana. En el contexto en que se encuentra el precepto aplicado, la integridad moral se ha identificado también con la integridad psíquica, entendida como libertad de autodeterminación y de actuación conforme a lo decidido (SSTS 1061/2009, de 26-10; y 629/2010, de 10-10).

Así pues, atendiendo a lo que se ha venido razonando, delito de malos tratos Málaga es claro que concurren los elementos objetivos del tipo penal, habida cuenta que el acusado Tomás Exxxx ha venido realizando durante un periodo de varios años actos claramente vejatorios y humillantes para las víctimas que son catalogables, en contra de lo que sostiene la sentencia recurrida, como actos degradantes que generan un perjuicio grave para la integridad moral. Tanto, como se ha dicho, desde la perspectiva de la reiteración como de su contenido y de sus efectos. Y es que ha generado en ellas sentimientos de angustia y de inferioridad, susceptibles de humillarlas y de quebrantar su resistencia física y moral.

Concurre así el desvalor de la acción: actos vejatorios reiterados que integran un trato degradante; y el del resultado: menoscabo grave de la integridad moral, al sufrir las víctimas sensaciones de dolor y sufrimiento psíquicos humillantes y envilecedores, abogados delito de lesiones. Y es que conviene tener presente que para perpetrar los actos degradantes no se precisa siempre el uso de la fuerza física, sino que también cabe apreciarlos cuando se producen reproches continuos, comportamientos desconsiderados o uso de medios idóneos para producir angustia y temor.

En la sentencia recurrida se amortigua la gravedad de la conducta del acusado Tomás Exxxx con el argumento de que los actos, aisladamente considerados, integran solo faltas de injurias, amenazas o vejaciones injustas. Sin embargo, conviene resaltar que la reiteración de esas infracciones de carácter leve durante un extenso periodo de tiempo acaban adquiriendo el carácter de trato degradante, al generarse un cambio cualitativo de la conducta debido a su intensidad y a los graves efectos vejatorios y humillantes que producen en las víctimas, menoscabándoles así su integridad moral y materializándose incluso en unas lesiones psíquicas.

De otra parte, y en lo que respecta al elemento subjetivo, no cabe duda que se da en la conducta del acusado Tomás Exxxx el dolo del delito del art. 173.1 del C. Penal, pues era sabedor de que con sus malos tratos reiterados con palabras y gestos estaba vejando y humillando a sus subordinadas. Máxime si se pondera que también conocía que estaba ocasionándoles bajas laborales precisamente por padecimientos psíquicos que su trato degradante les generaba, abogados malos tratos Málaga. Era consciente, pues, del alcance de sus actos denigratorios y los ejecutaba voluntariamente, pese a saber sus graves consecuencias»

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