El Post que nos ocupa va a relacionar el delito tributario en Málaga con el Derecho a la intimidad necesaria respecto de la no permisibilidad de cualquier actuación en la actividad fiscalizadora, según señalan nuestros Abogados delito tributario en Málaga. CONTAMOS CON SOBRADA EXPERIENCIA EN LA DEFENSA DE EXPEDIENTES PENALES POR DELITOS TRIBUTARIOS CON IMPORTANTES ÉXITOS PARA LOS INTERESES DE NUESTROS CLIENTES. CONSÚLTENOS.

En armonía con lo anterior, el Tribunal Constitucional ha venido describiendo casuísticamente una serie de supuestos en que, con independencia de las libertades tradicionales antes mencionadas, ha podido sobrevenir una injerencia no admisible en el ámbito de la vida privada e intima de la persona. Así se ha afirmado que el derecho a la intimidad comprende la información relativa a la salud física y psíquica de las personas, quedando afectado en aquellos casos en los que sin consentimiento del paciente se accede a datos relativos a su salud o a informes relativos a la misma (SSTC. 70/2009 de 23.3, y 159/2009 de 29.6), Abogados delito tributario en Málaga. También se ha dicho que “no hay duda de que, en principio los datos relativos a la situación económica de una persona entran dentro de la intimidad constitucionalmente protegida” (STC. 233/99 de 16.12), que “en las declaraciones del IRPF se ponen de manifiesto datos que pertenecen a la intimidad constitucionalmente tutelada de los sujetos pasivos” (STC. 97/2001 de 15.2); y que la información concerniente al gasto en que incurre un obligado tributario no solo forma parte de dicho ámbito, sino que a través de su investigación o indagación puede penetrarse en la zona más estricta de la vida privada o lo que es lo mismo, en los aspectos más básicos de la autodeterminación personal del individuo, Abogados delito tributario en Málaga.

La solicitud de datos a la administración tributaria no está solo relacionado con posibles delitos contra la Hacienda Pública, sino que es también una forma de investigación de los delitos de blanqueo de capitales, delitos que se perseguían también en la causa. Los indicios existentes de comisión de delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública eran claros, y se trata de delitos graves. En este caso se suma a lo anterior que indiciariamente el ahora recurrente en casación, D. Fernando del Valle Vergara, proporcionaba estructuras societarias que permitían la adquisición y disposición de bienes con ocultamiento de los propietarios últimos, estructuras muy interesantes para quienes querían cometer o habían cometido alguno de esos tipos delictivos que se investigaban, como resultaba de casos concretos investigados.

Resultaba así indiciariamente clara la existencia de un específico modus operandi empleado por personas concretas para cometer los delitos mencionados, que convenía investigar porque podía haber sido empleado por otras personas con la misma finalidad.

La existencia de estos indicios es suficiente para, como correctamente realizó el Juez de Instrucción al que se solicitó, pedir los datos tributarios de las personas que se había podido descubrir que empleaban esas estructuras de sociedades y las sociedades correspondientes.

El artículo 18.4 CE no defiende una intimidad distinta que el resto del artículo 18. Se refiere a la única intimidad de la persona, que deriva de su dignidad (reconocida en el artículo 10 CE). El contenido del artículo 18.4 CE es conjurar un posible riesgo (el derivado del uso de la informática) a través de la previsión de su sujeción a un desarrollo legal, que en todo caso deberá respetar el contenido esencial del derecho (artículo 53.1 CE). Este desarrollo legal se ha llevado a cabo a través de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, pero referido a la tenencia y gestión de bases de datos personales. La regulación específicamente aplicable aquí es la que menciona el recurrente, y que se encuentra en el artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, donde al tratar del carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria, se establece la prohibición de cesión de datos con las excepciones, entre otras, de los apartados

  • a) La colaboración con los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Fiscal en la investigación o persecución de delitos que no sean perseguibles únicamente a instancia de persona agraviada”;
  • b) La colaboración con las Administraciones públicas para la lucha contra el delito fiscal…”; e
  • c) La colaboración con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias…”. Precisamente los dos tipos de delitos que se estaban investigando (respecto a los que se prevé la posibilidad de colaborar directamente con otras administraciones), y la autoridad judicial que solicitó la colaboración para la investigación de estos delitos (que son perseguibles de oficio).

En conclusión, señalan nuestros Abogados delito tributario en Málaga la cesión de datos que ataca el recurrente está prevista legalmente en estos supuestos, y existían suficientes indicios de comisión de delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública así como de un modus operandi que permitía la comisión de estos delitos, que justificaba sobradamente la solicitud de los datos tributarios, datos que no forman parte del núcleo de mayor protección del derecho a la intimidad.

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