La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la ley, y sin mediar causa por delito, cometiere alguno de los hechos descritos en este Capítulo será castigado con las penas respectivamente previstas en éstos, en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado. El bien jurídico protegido en el delito de detenciones ilegales es la libertad ambulatoria, es decir, la capacidad de la persona de fijar por si misma su situación en el espacio físico. No importa que a esa libertad externa no acompañe una libertad interna, el que concurra o no la facultad de discernimiento. Sujetos pasivos de este delito pueden ser, por tanto, también los inimputables, menores, etc., en la medida en que tengan capacidad para decidir por si mismos, la detención ilegal consiste en el quebrantamiento de la relación de custodia con la persona encargada legalmente de su guarda. La existencia de una detención ilegal cometida por Policía o Guardia Civil provoca la apertura de diligencias penales.

Con las mismas penas serán castigados:

El funcionario público o autoridad que, mediando o no causa por delito, acordare, practicare o prolongare la privación de libertad de cualquiera y que no reconociese dicha privación de libertad o, de cualquier otro modo, ocultase la situación o paradero de esa persona privándola de sus derechos constitucionales o legales.

El particular que hubiera llevado a cabo los hechos con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado o de sus autoridades.

En todos los casos en los que los hechos a que se refiere este artículo hubieran sido cometidos por autoridad o funcionario público, se les impondrá, además, la pena de inhabilitación absoluta por tiempo de 8 a 12 años.

Art. 167 CP redactado por el número 87 del artículo único de la LO 1/2015, de 30 de marzo, por lo que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del CP.

El Estado y sus representantes, en su afán por acabar a toda costa con la criminalidad y sobre todo con la criminalidad que amenaza más gravemente su estructura política, no siempre respetan los principios generales que informan la legislación penal ordinaria y constantemente recurren a leyes de excepción, más o menos eufemísticamente llamadas de seguridad ciudadanas, que, de hecho y de derecho, suponen la derogación de todo el dispositivo de garantías pensado para la protección del ciudadano, de todos los ciudadanos sin excepción, frente a los abusos de los representantes del poder estatal.

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