En casos de grandes manifestaciones y altercados con la Policía o Guardia Civil es posible la comisión de delito de tortura cometido por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Existe un íntima relación entre el delito de tortura y el delito de lesiones, toda vez que es la propia materialización del tipo penal.

La autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo y fuera de los casos comprendidos en el artículo anterior, atentare contra la integridad moral de una persona será castigado con la pena de prisión de 2 a 4 años si el atentado fuera grave, y de prisión de 6 meses a 2 años si no lo es. Se impondrá, en todo caso, al autor, además de las penas señaladas, la de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 2 a 4 años”. La llamada “tortura gratuita”, es decir, aquellos tratos degradantes llevados a cabo también por funcionario público pero en los que falta el especial elemento subjetivo de la obtención de una información o la aplicación de un castigo, o el motivo discriminatorio. La finalidad perseguida en estos casos podría ser exclusivamente la causación por parte del funcionario de sufrimientos por el mero hecho de humillar al sujeto pasivo o la realización de actos de sadismo sin objetivo alguno.

Delito de Tortura cometido por Policía o Guardia Civil

El sujeto activo debe ser funcionario y estar abusando de su cargo y cometa delito de tortura, en cuyo caso estaríamos ante el supuesto de la tortura indagatoria del art. 174 CP. La ausencia de este especial elemento subjetivo constituye, así, la fundamentación de la atenuación de la atenuación de la pena asignada a estas conductas. “Se impondrán las penas respectivamente establecidas en los artículos precedentes a la autoridad o funcionario que, faltando a los deberes de su cargo, permitiere que otras personas ejecuten los hechos previstos en ellos”.

Se contempla una modalidad omisiva, castigando también aquellos casos en los que el funcionario permite, faltando a los deberes de su cargo, que sea otro (funcionario o no) el que lleve a cabo las conductas previstas en los artículos precedentes, es decir, tanto la tortura, indagatoria o gratuita, como el atentado contra la integridad moral. Estamos ante una tipificación expresa de un delito de comisión por omisión, basado en que conste la posibilidad de que el funcionario con su intervención hubiera podido evitar el atentado a la integridad moral y en el especial deber que compete a determinadas autoridades o funcionarios de proteger con más intensidad los derechos fundamentales del ciudadano.

Art. 177 CP:

“Si en los delitos descritos en los artículos precedentes, además del atentado a la integridad moral, se produjere lesión o daño a la vida, integridad física, salud, libertad sexual o bienes de la víctima o de un tercero, se castigarán los hechos separadamente con la pena que les corresponda por los delitos cometidos, excepto cuando aquél ya se halle especialmente castigado por la ley”.

Según nuestros Abogados delito de tortura concurso entre el delito que pueda lesionarlo y otros delitos que pueden afectar a otros bienes jurídicos, como la vida, la integridad física o la libertad sexual, y que pueden darse al mismo tiempo, con la misma o diversas acciones, que el delito contra la integridad moral. No es necesario decir que hay un concurso de delitos cuando el delito contra la misma sea también constituido de otros delitos contra otros bienes jurídicos, sino porque esta lesión de la integridad moral forma parte ya de las cualificaciones existentes en esos otros delitos y es obvio que en estos casos, una vez apreciada la cualificación, no cabe apreciar ya autónomamente el delito contra la integridad moral del art. 173.1 CP (ne bis in idem).

Cuando el delito contra la vida, la integridad física y la salud o la libertad sexual fuere cometido por autoridad o funcionario con las circunstancias del art. 174, se aplicará al respectivo delito o tipo cualificado contra la vida, integridad física o libertad sexual lo agravante de prevalimiento del carácter público, salvo que resulte mayor pena apreciando un concurso entre el art. 174 CP y el delito que corresponda, que no podrá ser ya el que contenga el ensañamiento o trato degradante.

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