En el caso concreto que se juzga el acusado aparentó ante los compradores que era el propietario de una de las tres fincas y que tenía poder de la entidad vendedora para enajenar las otras dos, hechos que en modo alguno eran ciertos, dado que, tal como ya se anticipó, consta acreditado documental y testificalmente que ya no era el dueño de la primera de las fincas cuando la vendió en documento privado a las entidades querellantes, y carecía de un poder de la sociedad “El Vxxx de la Hxxxx, S.A.” para vender las otras dos, abogados delito estafa inmobiliaria.

Contar con el asesoramiento jurídico penal para la defensa del delito de estafa en Málaga de nuestros Abogados Penalistas es el primer paso hacia el cumplimiento del único objetivo, ganar.

Al aparentar ante los compradores una titularidad de la que carecía y estar vinculado directamente a la sociedad vendedora, por ser precisamente uno de los socios, es claro que actuó mediante un engaño bastante para que los representantes de las entidades compradoras creyeran de buena fe que el acusado tenía la titularidad de una de las fincas y era la persona autorizada por la entidad propietaria para enajenar las otras dos.

Por consiguiente, no se está ante un dolo civil, como dice la defensa del recurrente, sino ante un dolo defraudatorio penal. Y tampoco operó el acusado con un dolo subsequens, toda vez que los representantes de la entidades compradoras (Inmobiliaria La Vxx S.L. y Servicios Integrales de Mxxx Gxxx S.L.) entregaron engañados el dinero correspondiente a la venta mediante documento privado de 17 de agosto de 2005, por lo que se está ante un engaño precedente y causante del desplazamiento patrimonial que acabó integrando el resultado consumado del delito de estafa.

Concurre, pues, la idoneidad objetiva de la maniobra engañosa, sin que pueda afirmarse que las entidades compradoras, a través de sus representantes, hayan incurrido en un error fácilmente evitable cumplimentando las obligaciones propias de los usos mercantiles. De modo que no puede decirse que no han adoptado las medidas de diligencia y autoprotección a las que venían obligados en el tráfico mercantil. Se descarta así que la defraudación se deba a la indolencia, negligencia o a un exceso de confianza que diluya la tipicidad del delito de estafa debido a que el perjuicio que ha generado el desplazamiento patrimonial obedezca más a las omisiones de la víctima que a la intensidad del engaño generado por el acusado. Y se descarta esta hipótesis exculpatoria porque no puede exigírsele a las sociedades compradoras que sospechen y desconfíen de la venta de unos bienes inmuebles que le corresponden a una sociedad que está siendo dirigida por el acusado como uno de los socios que la integran. Siendo realmente este el que con su conducta engañosa genera el peligro ilícito contra el bien jurídico que se acabó materializando en el resultado delictivo.

«El motivo segundo, por la vía del error iuris del art. 849-1o LECriminal denuncia como indebidamente aplicados los arts. 248 y 250.1-6o. En definitiva, se afirma que no existió el engaño bastante que vertebra el delito de estafa. Se dice que fue clara la falta del deber de autoprotección por parte de los que resultaron perjudicados ya que fácilmente podrían haber salido del error escenificado por los recurrentes.

De entrada hay que recordar que este cauce casacional parte del respeto al factum, ya que el debate que permite este cauce es el de la subsunción jurídica de unos hechos –los fijados por el Tribunal sentenciador– que son aceptados sin reparos por el recurrente. Pues bien, el recurrente no respeta el factum, en la medida que en ellos se dice claramente que los recurrentes:

“….Para aparentar ante sus víctimas solvencia y seguridad empresarial….”.

“….Simulaban interés en adquirirlos (los inmuebles) y emprendían la negociación del precio….”.

Con lo dicho es suficiente para rechazar el motivo pues en el factum se está describiendo el engaño antecedente, bastante y causante definidor de la estafa. Más aún, con la finalidad de dar respuesta incluso más allá de las exigencias derivadas del derecho a la obtención de la tutela judicial efectiva, verificamos en este control casacional que el engaño fue bastante en el sentido que ha sido interpretado por la jurisprudencia de esta Sala.

Ciertamente, en casos muy concretos esta Sala ha declarado que el derecho penal no debería constituirse en un instrumento de protección patrimonial de aquéllos que no se protegen a sí mismos en relación al requisito de que el engaño sea “bastante” decía que:

“….Una absoluta falta de perspicacia, una estúpida credulidad o una extraordinaria indolencia para enterarse de las cosas, puede llegar a ser causa de que la defraudación, más que un producto del engaño, debe considerarse tanto como un efecto de censurable abandono, como falta de debida diligencia….”. 

En definitiva se trata de supuestos de autopropuesta en peligro. En todo caso se trata de una doctrina de aplicación muy prudente y cuidadosa, el engaño de la estafa no puede quedar neutralizado por la diligencia desplegada por la víctima, porque en tal caso, quedarían extramuros de la protección penal los comportamientos de quienes se aprovechen de la debilidad de la víctima.

En todo caso, hay que recordar que la exigencia de que el engaño sea “bastante” es un elemento normativo del tipo que la doctrina de esta Sala ha venido interpretando con un doble criterio integrador y no excluyente, debiendo atenderse a un criterio subjetivo y otro objetivo.

En su aspecto objetivo, el engaño es bastante cuando la maquinación desarrollada por el agente ante su víctima es capaz de producir en ésta un conocimiento equivocado que le lleva a efectuar el propio acto de disposición en su propio perjuicio por la apariencia de veracidad y realidad.

En su aspecto subjetivo, se incide en las condiciones personales del engañado, tales como nivel cultural, edad, situación y cualesquiera datos en relación a las condiciones personales de la víctima, y muy especialmente, en el quebrantamiento de específicas obligaciones derivadas del cargo que ocupa el sujeto pasivo, como ocurre en el caso del empleado de banco que permite la retirada de fondos sin exigir la correspondiente acreditación de identidad de la persona que quiere efectuar tal retirada.

En el presente caso las víctimas no responden a la imagen descrita en la cita de Groizard, no se está en presencia de personas ingenuas, sino más bien, en todo lo contrario el “cebo” puesto por los recurrentes tuvo todos los ingredientes de un afloramiento de dinero sucio –el factum habla de la posibilidad de efectuar una transacción en dinero negro eludiendo los controles fiscales– con una ganancia a todas luces tan injustificada como inquietante. En esta situación pudo más la ambición que cualquier otra reflexión. De alguna manera las víctimas se asemejan al burlador burlado, escenificando los recurrentes un juego de equívocos en el que tras verificar las víctimas los maletines con el dinero auténtico en billetes pequeños y en billetes de 500 €, cuando va al banco la víctima observa que en algún momento, no explicado, se le ha dado el cambiazo, y los billetes de 500 € fueron sustituidos por los billetes de Disneyland. El factum lo describe suficientemente al decir que “….el dinero se introducía en una bolsa o maletín que se entregaba a la víctima que confiada en que había comprobado adecuadamente la autenticidad de los billetes que le habían entregado, culminaba la operación entregando u ordenando la entrega de su dinero a los acusados, quienes tan pronto lo recibían, abandonaban apresuradamente el lugar….”, comprobando la víctima posteriormente el engaño al abrir la bolsa o maletín.

En el presente caso, el escenario engañoso desarrollado por los recurrentes que inicialmente manifiestan su deseo de adquirir los bienes inmuebles que las víctimas deseaban vender, apareciendo como representantes de inmobiliarias existentes constituyó una maniobra eficaz para –a renglón seguido– proponerles un negocio auxiliar –el cambio de billetes de euro– con el señuelo de una fácil ganancia del 20% por el simple trueque de billetes, lo que excitó la codicia de las víctimas llegando a obnubilar el racional discernimiento que debió haberles advertido.

Esta Sala ha estimado supuestos de estafa, engaños consistentes en recuperar billetes auténticos que estaban manchados de una tinta especial que exigía unos disolventes caros cuyo importe debían abonar los futuros perjudicados que lo hacían con la ilusión de obtener una parte importante de los billetes así recuperados con valor muy superior al de los supuestos disolventes que debían pagar.

El Tribunal sentenciador estimó y justificó la concurrencia del engaño bastante, causante y antecedente en el f.jdco. segundo, y a la misma conclusión se llega en este control casacional, lo que queda corroborado con el informe de la policía obrante al folio 143. en el que se informa de este sistema defraudatorio llamado “rip deal” o “negocio podrido”.

Hubo delito de estafa por la concurrencia de todos y cada uno de los elementos que lo integran.

«La STS 243/2012, de 30 de marzo, resume nuestra doctrina sobre la suficiencia del engaño y la falta de autotutela de la víctima, como supuesto motivo de exclusión de la idoneidad del mismo, recordando que como señalan las sentencias de 22 de abril de 2004, 29 de septiembre de 2000, núm. 1469/2000 , 26 de junio de 2000, núm. 1128/2000 , 25 de junio de 2007, núm. 564/2007 , y 162/2012 , de 15 de marzo, entre otras, el engaño típico en el delito de estafa es aquél que genera un riesgo jurídicamente desaprobado para el bien jurídico tutelado y concretamente el idóneo o adecuado para provocar el error determinante de la injusta disminución del patrimonio ajeno.

La doctrina de esta Sala (Sentencias de 17 de noviembre de 1999 , 26 de junio de 2000, núm. 634/2000 , 25 de junio de 2007, núm. 564/2007 y 162/2012 , de 15 de marzo, entre otras) considera como engaño «bastante» a los efectos de estimar concurrente el elemento esencial de la estafa, aquél que es suficiente y proporcional para la efectiva consumación del fin propuesto, debiendo tener la suficiente entidad para que en la convivencia social actúe como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, valorándose dicha idoneidad tanto atendiendo a módulos objetivos como en función de las condiciones personales del sujeto engañado y de las demás circunstancias concurrentes en el caso concreto.

En las alegaciones que pretenden excluir la concurrencia de idoneidad en el engaño excusándose en la supuesta falta de autotutela de la parte perjudicada, subyace la pretensión de traspasar la responsabilidad de la acción delictiva a las propias víctimas, con el pretexto de que una acentuada diligencia por su parte podría haberles permitido superar el engaño que voluntariamente provocaron los acusados.

Es cierto que esta Sala ha declarado, como se recordaba en la reciente sentencia núm. 162/2012, de 15 de marzo , que si el tipo penal exige que el engaño ha de ser bastante es porque una persona no puede considerarse sujeto pasivo de una estafa si el error que le ha llevado a realizar un acto de disposición en su perjuicio o en el de un tercero, le ha sido provocado por un engaño burdo o insuficiente o, lo que es lo mismo, por no haber obrado con la mínima desconfianza exigible.

Así, la STS núm. 1024/2007, de 30 de noviembre expone que es entendible que la jurisprudencia de esta Sala Segunda, en aquellos casos en los que la propia indolencia y un sentido de la credulidad no merecedor de tutela penal hayan estado en el origen del acto dispositivo, niegue el juicio de tipicidad que define el delito de estafa, y la STS 928/2005, de 11 de julio recuerda, en síntesis, que “esta misma Sala, en diversas sentencias, ha delimitado la nota del engaño bastante que aparece como elemento normativo del tipo de estafa tratando de reconducir la capacidad de idoneidad del engaño desenvuelto por el agente y causante del error en la víctima que realiza el acto de disposición patrimonial en adecuado nexo de causalidad y en su propio perjuicio, a la exigencia de su adecuación en cada caso concreto y en ese juicio de idoneidad tiene indudablemente importancia el juego que pueda tener el principio de autorresponsabilidad, como delimitador de la idoneidad típica del engaño, porque una absoluta falta de perspicacia, una estúpida credulidad o una extraordinaria indolencia excluyen la idoneidad objetiva del engaño.

Ahora bien, como señala la STS 243/2012, de 30 de marzo, cuya doctrina estamos reiterando, una cosa es la exclusión del delito de estafa en supuestos de ” engaño burdo”, o de “absoluta falta de perspicacia, estúpida credulidad o extraordinaria indolencia “, y otra, como se señala en la citada sentencia núm. 162/2012, de 15 de marzo, que se pretenda desplazar sobre la víctima de estos delitos la responsabilidad del engaño, exigiendo un modelo de autoprotección o autotutela que no está definido en el tipo ni se reclama en otras infracciones patrimoniales.

Y en la STS 630/2009, de 19 de mayo, se subraya también en la misma línea, que Una cosa es sufrir error como consecuencia de un comportamiento propio del cual derive causalmente la equivocación que convierte en idóneo un engaño que por si mismo en principio no lo era, y otra muy distinta sufrir el error por el engaño adecuado desplegado por el tercero, y convertir en negligencia causante de la equivocación la buena fe y la confianza del engañado”. (F. J. 9o)

Como recuerdan las citadas sentencias núm. 162/2012, de 15 de marzo y núm. 243/2012, de 30 de marzo, ” el tránsito de un derecho penal privado a un derecho penal público constituye el fundamento del Estado de Derecho, que sustituye como instrumento de resolución de los conflictos la violencia y la venganza privada por la norma legal y la resolución imparcial del Juez, determinando un avance trascendental de la civilización, tanto en términos de pacificación social como en objetivación, imparcialidad y proporcionalidad”.

No resulta procedente, por ello, renunciar en supuestos como el presente a la intervención penal en favor de la autotutela de la víctima, desconociendo que constituye un principio básico del ordenamiento jurídico que los ciudadanos han hecho dejación de la respuesta punitiva en manos del Poder Judicial precisamente para descargarse de sus necesidades defensivas frente a las agresiones legalmente tipificadas como delictivas.

En ese sentido, como se recuerda en las citadas sentencias 162/2012, de 15 de marzo y 243/2012, de 30 de marzo, “un robo sigue siendo un robo aunque la víctima se haya comportado despreocupadamente con sus cosas“, reflexión que ha sido acogida por esta misma Sala, por ejemplo en sentencia 832/2011 de 15 de julio , que señala, con buen criterio, que “La exclusión de la suficiencia del engaño a partir de la relajación del sujeto engañado no deja de encerrar importantes problemas. Llevando al extremo la idea de desprotección y, en definitiva, de no merecimiento de la tutela penal que reivindica la víctima de cualquier despojo, podríamos afirmar que aquel a quien se hurta su cartera porque descuidadamente le asoma en el bolsillo de su pantalón trasero, aquel que confiadamente se pasea en horas nocturnas en zona especialmente conflictiva o aquel que es objeto de una defraudación porque entrega una tarjeta bancaria para pago en un establecimiento de dudosa reputación, ha de soportar las consecuencias de una acción delictiva ante la que el sistema no le proporciona defensa”.

Ha de tomarse en consideración que no hay elemento alguno del tipo de la estafa, tal y como ha sido definido en nuestro ordenamiento, que obligue a entender que el Legislador ha decidido que este delito solamente tutele a las personas especialmente perspicaces o desconfiadas. Ni que resulte impune con carácter general el aprovechamiento malicioso de la credulidad, la confianza o la buena fe de ciudadanos desprevenidos, desplazando la responsabilidad del delito sobre la conducta de la víctima, culpabilizándola por respetar el principio de confianza y contribuyendo a su victimización secundaria.

Por ello, dejando al margen supuestos de insuficiencia o inidoneidad del engaño, en términos objetivos y subjetivos, o de adecuación social de la conducta imputada, la aplicación del delito de estafa no puede quedar excluida mediante la culpabilización de la víctima con abusivas exigencias de autoprotección.

En definitiva, y haciendo nuestro lo expresado en el principio de confianza que rige como armazón en nuestro ordenamiento jurídico, o de la buena fe negocial, no se encuentra ausente cuando se enjuicia un delito de estafa. La Ley no hace excepciones a este respecto, obligando a los perjudicados a estar más precavidos en este delito que en otros, de forma que la tutela de la víctima tenga diversos niveles de protección.

Y, en el caso actual, es indudable que los perjudicados confiaron en los acusados para la construcción de su vivienda unifamiliar, porque eran titulares de una empresa de construcción, en una época (el año 2004), en la que no concurrían especiales circunstancias de crisis en el área de la edificación para sospechar vehementemente la concurrencia de un engaño antecedente sobre la realidad y factibilidad del compromiso edificatorio, y porque además les hicieron una buena oferta tanto en cuanto al precio como a las condiciones de pago, permitiéndoles abonar una parte del precio en especie aprovechando materiales que los propios perjudicados se ofrecían a incorporar, por lo que la concurrencia de engaño antecedente, que obedecía a una necesidad de liquidez inmediata que solo los acusados conocían, pero no los perjudicados, no podía ser prevista por las víctimas, que en una economía normal de mercado confiaban en que el dinero anticipado contractualmente a los acusados como titulares de una empresa constructora lo dedicarían efectivamente a construir la obra contratada y no a incorporarlo directa e inmediatamente a su patrimonio personal.

 

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