Procedimiento de Extradición

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Procedimiento de Extradición

ABOGADOS PARA EXTRADICIÓN

En suma, debemos entender que la solicitud de extradición cursada por las autoridades españolas en este caso se ajustó al protocolo fijado. Cuente con la experiencia de nuestros Abogados Especialistas en Extradiciones

Es indudable que una petición de extradición desplegada de acuerdo con el procedimiento exigible, oportunamente fijado en la norma, que cumple además los presupuestos y garantías preconcebidos por ambos Estados en el ejercicio de su potestad soberana y que, no adoleciendo de defectos sustanciales, ha sido tramitada a través de los órganos específicamente habilitados a tal fin, constituye una actuación material de dirección del proceso contra el presunto responsable.

De ello se sigue la necesaria consecuencia de interrumpir el plazo de prescripción. Como de nuevo con acierto expresan las acusaciones recurrentes, tal efecto no puede quedar supeditado al resultado final, favorable o adverso a la extradición, siempre que la solicitud inicial reúna todos los presupuestos materiales necesarios.

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No sería un criterio ajustado a parámetros de seguridad jurídica aquél que validara una interrupción de los plazos de prescripción del delito o de la pena supeditada a su resultado, siempre que, como decimos, hayan concurrido «ab initio» los presupuestos que justificaron una fundada petición extradicional.

Hacer depender de lo propicio o no de su resultado el efecto procesal que, a estos fines, deba predicarse de la extradición supone minimizar la importancia de una diligencia que, por su propia naturaleza, precisa de un procedimiento dotado de especial complejidad que combina la actuación estrictamente judicial con otras de índole gubernativo y diplomático, y que en todo caso persigue la entrega del sujeto para su enjuiciamiento o bien para el cumplimiento de la pena que ya le ha sido impuesta por un hecho delictivo.

La petición sometida a nuestro control se cursó habiéndose dictado el procesamiento de los sujetos extraditables, como reconoce la Sala “a quo” en el auto combatido y se desprende también del simple hecho de que dicho auto se dictara para, confirmando la conclusión del sumario previamente decidida por el Juez instructor, decretar el archivo por prescripción del delito, y no por otra causa de las legalmente previstas.

EL PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN

No se discute en ningún momento el efecto interruptivo que esta Sala viene atribuyendo al auto por el que se haya declarado la situación procesal de procesamiento (v.gr. SSTS núm. 331/2006, de 24 de marzo, 1518/2004, de 23 de diciembre, ó 879/2002, de 17 de mayo), que indudablemente comporta la dirección del procedimiento contra el/los presunto/s responsable/s de los hechos delictivos.

 La petición de extradición subsiguiente estuvo en nuestro caso dirigida a lograr el enjuiciamiento efectivo de los indiciariamente declarados responsables de los hechos que habían motivado la apertura del sumario, y ello debe tenerse por diligencia sustancial, que no inocua.

Un último aspecto que queda por abordar es la distinción que la Sala de instancia parece realizar entre el supuesto de hecho sometido a nuestro examen y aquél que analizaba el ATS núm. 2601/2010, de 22 de diciembre, en el sentido de entender que en aquella ocasión el efecto interruptivo atribuido a la demanda extradicional dimanaba de la situación de detención en que se encontraría el declarado rebelde, lo que en ningún momento afirma el auto en cuestión, ni se desprende de su contenido.

Por el contrario, en el mismo se apuntaba simplemente que, habiendo recaído el auto de procesamiento días antes del transcurso del plazo de veinte años necesario para la prescripción, se había producido con él la interrupción del plazo, al ser un acto procesal de dirección del procedimiento contra el culpable en los términos que expresan las SSTC núm. 29/2008, de 20 de febrero, y 147/2009, de 15 de junio.

La posterior solicitud de extradición venía allí a completar esa misma dirección del proceso contra los presuntamente responsables.

La situación de detención en que pudiera encontrarse el extraditado no era elemento imprescindible a estos efectos, circunstancia ésta que, insistimos, en ningún momento manifiesta el auto al que nos referimos.

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Tampoco del Tratado bilateral entre España y Venezuela se desprende esa necesidad. Solamente en caso de urgencia se habilita a las autoridades de la Parte requirente para solicitar la detención preventiva de la persona reclamada (art. 24). Y no se exige que esa situación de detención o prisión sea acordada por auto judicial dictado en el país reclamante de forma acumulativa respecto del auto de procesamiento: ambos se citan separadamente en el epígrafe b) del art. 15, dedicado a enumerar la clase de resoluciones judiciales que habilitan una petición extradicional.

Y tal enumeración, lejos de obedecer a un sistema cerrado o «numerus clausus», se formula de modo abierto para incluir “cualquier resolución judicial análoga según la legislación de la Parte requirente”, siendo únicamente exigible que en la misma se contengan “los hechos que se imputan y lugar y fecha en que ocurrieron”.

Nada justifica, en definitiva, la vinculación que consigna la resolución de instancia entre la detención del sujeto sobre el que recae la petición extradicional y sus efectos sobre el proceso penal abierto en el Estado reclamante.

Cuestión distinta es que aquélla pueda llevarse a término si el interesado no es aprehendido, como habría razonado la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Venezuela, según reza el FJ. 2o, in fine, del auto impugnado.

También es cierto que el art. 20 del Convenio bilateral señala que “negada la extradición por razones que no sean meros defectos formales, la Parte requirente no podrá formular a la Parte requerida una nueva solicitud de extradición por el mismo hecho”.

Muy probablemente ello impedirá cursar en este caso una nueva extradición, pero no es óbice para lo que aquí nos afecta, cual es el reconocimiento del efecto interruptivo por la sola tramitación de la extradición, pues bien pudieren ser localizados los procesados en la actualidad en diferente lugar no afectado por la disposición de este Convenio.

Como consecuencia de cuanto antecede, ambos recursos merecen ser estimados, declarándose la nulidad del auto que se recurre y ordenándose la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a su emisión para que por la Sala de instancia se dicte una nueva resolución acorde con la doctrina que queda expuesta».

By |2018-04-08T12:51:34+00:00abril 16th, 2018|Noticias Rinber|0 Comments

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